29.11.07

Leyes ambientales en debate legislativo

Enhorabuena, la Ley de Bosques fue sancionada ayer en el Congreso y solo resta la promulgación del Presidente de la Nación para que se concrete. También hay otros dos proyectos importantes que contribuirían a una sociedad más sustentable, aunque no han tenido difusión en los medios de comunicación masiva.

Se trata de los proyectos de ley sobre Educación Ambiental y protección de los Glaciares. Pero ¿por qué no trascendieron?, ¿qué proponen estas iniciativas?, ¿qué falta para que se transformen en ley?. Éstas son algunas de las preguntas que trataremos de develar en ComAmbiental.

Foto: Guiafe


Quince días atrás, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Educación Ambiental. Su importancia reside en que incorpora la Educación Ambiental (EA) en los distintos ámbitos de participación y sectores de la sociedad, no solo en las escuelas sino también por ejemplo en el "trabajo, desde el municipio, a la hora de recibir atención médica, desde los medios de comunicación, en el turismo", según se ejemplificó en un comunicado del ARI, uno de los partidos promotores del proyecto.

De acuerdo con la agencia APF Digital, la diputada oficialista por Entre Ríos Blanca Osuna, Presidenta de la Comisión de Educación, resaltó que “esta ley contribuye a ubicar a la educación y al cuidado y la preservación del medio ambiente como políticas de Estado”.

El proyecto enriquece la Ley 26.206 que establece que el Ministerio de Educación "dispondrá de las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional". Su valor también es reconocido en la Ley General del Ambiente donde la Educación Ambiental constituye uno de "los instrumentos necesarios para la política y la gestión ambiental".

Para su implementación se establece como instrumento principal la formulación de una ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL de manera federal en la que participen los gobiernos provinciales, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, con la intermediación de los Consejos Federales de Educación y de Medio Ambiente.

Un Consejo Consultivo dará voz a "representantes de los Ministerios del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Defensoría del Pueblo, académicos y otros sectores de la sociedad civil involucrados" destacaron en el ARI.

Sus objetivos generales son:
a) Promover las capacidades individuales y colectivas para conocer, comprender y abordar las cuestiones ambientales;
b) Estimular un compromiso efectivo con la preservación de la diversidad biológica, el patrimonio natural y cultural, la preservación, cuidado y recuperación del ambiente;
c) Favorecer la valoración y desarrollo de un modelo económico y social sustentable, que posibilite el mejoramiento de la calidad de vida y que contemple el uso racional de los bienes naturales;
d) Propiciar una vinculación armónica de las personas con el ambiente natural en el que viven;
e) Proteger el ambiente para generaciones futuras en una perspectiva ética
de solidaridad;
f) Divulgar el conocimiento científico tecnológico actualizado y pertinente sobre temáticas ambientales;
g) Revalorizar saberes y prácticas de las distintas culturas, en particular la de nuestros pueblos originario.

La ley con media sanción no trascendió más allá de las agencias noticiosas especializadas en temas legislativos. La razón, para la diputada Marta Maffei (ARI), es que "salió en un momento político conflictivo en medio de las elecciones y de las repercusiones de la fragmentación en el ARI", sumado a que "el tema ambiental y de la educación no mueve la aguja en los medios".

Sin desalentarse, Maffei adelantó que desde el bloque del ARI autónomo comenzarán "en marzo una tarea de presión al Senado para que la trate", que es el próximo paso para que el proyecto pueda ser ley. "La exigencia de la aplicación de esta futura ley en nuestros ámbitos de participación es la garantía de producción de logros concretos en el corto plazo y el avance hacia un país que protege sus recursos naturales y que es solidario con las generaciones futuras," concluyó la ex-dirigente de CTERA.

La protección de los glaciares está en manos del Senado

Otro proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, hace apenas horas, es el que propone proteger "los glaciares y el ambiente periglacial que actualmente no están siendo suficientemente investigados ni protegidos por el Estado", aclaró un comunicado del despacho de la diputada Maffei, su impulsora.

En una jornada donde la especulación por una próxima ruptura del glaciar Perito Moreno fue la nota de color en varios medios nacionales, bien se podría haber mencionado este proyecto de ley pero no fue así.

"En las regiones áridas del oeste argentino, el agua potable así como aquella empleada para el regadío y la producción de energía eléctrica se origina a partir de la nieve y de los cuerpos de hielo en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes", explicaron desde el ARI. "
De allí que conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo en las diferentes cuencas andinas, es imprescindible para toda planificación futura del recurso hídrico regional, particularmente en estos momentos en que se están produciendo importantes cambios climáticos, relacionados con la actividad antrópica en el planeta", continuaron.

Además de la investigación, el proyecto prohíbe todas aquellas actividades humanas que puedan afectar su condición natural o sus funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".

En particular prohíbe las siguientes actividades:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica.
c) La exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo.
d) La instalación de industrias.


En este sentido, la iniciativa brindaría una herramienta más sólida para las comunidades que luchan contra propuestas osadas como las Minas de Veladero-Pascua Lama.

La Ley de Bosques espera ahora al Presidente

Ayer la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Bosques con las modificaciones realizadas en el Senado. El próximo paso será la promulgación del Poder Ejecutivo de la Nación.

Los grupos ambientalistas y legisladores a favor del proyecto aplaudieron la medida que llevó alrededor de dos años de intenso trabajo de concientización y debate no solo parlamentario sino también mediático y social.

Foto: El Litoral.

“El logro de la Ley de Bosques es uno de los mayores éxitos de la ciudadanía de la Argentina y del accionar conjunto de numerosas ONGs de todo el país", expresó Jorge Cappato, director de la Fundación PROTEGER y coordinador nacional del Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).

Entre los medios digitales internacionales, difundieron la noticia el portal estadounidense dirigido a hispanoparlantes Univision, el portal El Comercio de Ecuador, el sitio Adital y las agencias Ansa Latina y United Press International (UPI) . A nivel nacional, los principales medios recordaron los principios y propósitos de la futura Ley, tal como quedaron luego de su paso por el Senado.

Cappato consideró esta experiencia como "un ejemplo a nivel nacional y continental" que reunió la resistencia de ambientalistas y comunidades damnificadas por el desmonte indiscriminado, afrontó la oposición de varios legisladores, exigió la intervención de la Secretaría de Ambiente nacional, colocó a la situación crítica de los bosques nativos en la agenda mediática y juntó más de un millón de firmas.

Más información sobre Bosques Nativos en ComAmbiental

25.11.07

Gualeguaychú: Un año sin cortes

Artículo editorial

A cinco días de haberse cumplido un año del corte ininterrumpido de la ruta que lleva al Puente General San Martín: ¿De qué sirvió la medida tomada por la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú? ¿A quiénes benefició y a quiénes perjudicó? La discusión en este artículo se centra en los puentes trasnacionales que se cerraron cuando se interrumpió la comunicación con Fray Bentos, en una estrategia que ya lleva un año sin cortes.

¿A quién se dirige el corte de ruta? Para Ricardo Gutiérrez, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), uno de los anfitriones del Seminario Políticas y Pasteras, el interpelado fue el gobierno argentino. Desde esta perspectiva, la Asamblea le reclamó al presidente Néstor Kirchner que tome su problema como una causa nacional, a través de una protesta que llamó la atención de las cámaras, y que cumplió su objetivo en aquel acto junto a los gobernadores. Sin embargo, ¿hubo resultados verdaderos?


Los vecinos de Gualeguaychú pueden exhibir uno: el traslado de la pastera que iba a construir la española Ence. Este acontecimiento, para Daniel Buquet, de la Universidad de la República de Uruguay, tendría que haber sido utilizado como "moneda de cambio" para negociar con Argentina. Por el contrario, Tabaré Vazquez se desligó del hecho y siguió firme en su discurso de que en su país se respetaban las reglas de juego para atraer la inversión, que para el académico es una buena política, porque ahora se pasó del capital financiero al productivo.

Ana María Vara (UNSAM) plantea por su parte una "perspectiva trasnacional" donde hay "dos motores principales": una empresa multinacional de origen finlandés, como lo es Botnia, y una agrupación, la Asamblea de Gualeguaychú, foro de resistencia ante este proyecto. En este "modelo de actores" que puede pensarse con la estructura de un cuento, hay también "ayudantes" de cada lado, entre los que se encuentran los estados y las ONGs, entre otros, del protagonista o antagonista, según se lo mire.

Siguiendo un enfoque similar, Gonzalo Sozzo, de la Universidad Nacional del Litoral, argumentó que estamos ante un proceso de "globalización de los riesgos" donde las empresas sucias se relocalizan desde el mundo "desarrollado" hacia el nuestro. "El esquema de los dos Estados soberanos en conflicto no lleva a ningún lado", expresó el investigador, para explicar que la empresa es un actor poderoso que va más allá de este concepto, por lo que "el derecho internacional público no puede dar cuenta de este tipo de problemas.

Si se lo entiende así, el corte es recibido tanto por el estado argentino, como en última instancia por el uruguayo, aludidos ante esta forma de presión al poder político, pero no por Botnia. Así, siguió una lógica de las autoridades nacionales que dejaron en segundo plano otras formas de resolución de conflicto. "Las ONGs uruguayas pidieron a la Asamblea de Gualeguaychú el no corte ininterrumpido", recordó Jorge Daneri, de la Fundación M´Biguá. Hoy, la mayoría de las encuestas mencionan un apoyo de la población uruguaya a Botnia.

Enfocados en generar la atención de los gobiernos, se descuidó el diálogo profundo entre los pueblos, simbolizado en el corte de una vía de comunicación, que generó recelos y provocó lo impensado: las familias separadas a un lado y otro del río. Para Sozzo, para superarse esto debería generarse un diseño institucional alternativo basado en el trabajo en red, que construya la base de un nuevo derecho trasnacional. Para él, la Corte de La Haya es parte del sistema internacional hegemónico que adhiere a la idea de la globalización de los riesgos.

A un año, si de algo nos sirve la experiencia de lucha de Gualeguaychú, es elogiar su ejemplo de compromiso en la causa. Sin embargo, no podemos admitir que el fin justifique los medios, ni que aparecer en los medios de comunicación justifique el medio del corte. Si se continúa por esta senda, parece que los gobiernos nacionales no están interesados en buscar una verdadera salida, sino que ambos sacrifican la relación internacional por proteger los intereses de cada lado de la frontera (y la reacción uruguaya de cerrar por su parte los puentes es parte de la misma lógica).

Mencionamos una vez que el derecho ambiental debe ser trasnacional. Con la misma convicción, alentamos a que el diálogo se retome al nivel popular, una comunicación silenciosa sin grandes anuncios pero con entendimientos progresivos. Porque solo una acción en conjunto de ambos lados del río puede dirigir la política ambiental de la región. De no ser así, no habrá resolución del conflicto en paz, no habrá amistades que se reencuentren, no habrá nunca una verdadera calidad de vida.


22.11.07

Palo a palo por la Ley de Bosques

Ayer el Senado aprobó la Ley de Bosques luego de lidiar con los intereses económicos de empresas forestales y sojeras. Aún restan más pasos en el camino legislativo pero este logro merece su reconocimiento y difusión para que hecha la ley, no se haga trampa.

Foto: Greenpeace/ Fundación Proteger.

Hubo modificaciones pero la Ley superó la prueba de la Cámara de Senadores y eso lo celebraron tanto Greenpeace como la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, quien se acerca a la continuidad en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los cambios principales hablan de incentivos económicos para las empresas, como había sido anticipado antes de las elecciones, y de excepciones a la prohibición de talar especies forestales para "pequeños productores con hasta diez hectáreas de bosques", según informó La U.

Para la ONG ambientalista, el éxito es de la gente que con más de un millón de firmas se sumó a la campaña para superar la oposición del "lobby sojero de algunos senadores de las provincias del norte". El triunfo fue que se mantuvo la moratoria general a los desmontes por un año o hasta que las provincias dicten su propio ordenamiento territorial, en el que se deberá trabajar para realizar normativas que mantengan el enfoque del desarrollo sustentable, utilizando los 10 criterios ecológicos que la ley establece.

Los dos verdes. El gobierno nacional tendrá que" desembolsar casi mil millones de pesos" para el fondo compensatorio de las provincias "afectadas", destaca Página/12 en su edición de hoy. En realidad, esto se atribuye más a los intereses comerciales de los grandes terratenientes, si se considera que las comunidades indígenas se manifestaron siempre a favor de la ley y en contra de los impactos negativos que genera una tierra arrasada y el posterior desequilibrio del ciclo hídrico.

El verde dólar estuvo en el centro del debate mucho más que el verde de la vida: los senadores se dividieron en su mayoría según su procedencia provincial más que partidaria, destacando las preocupaciones de los gobiernos del norte argentino para conservar los acuerdos con los empresarios. Al final se llegó al arreglo del aporte del 0,3 por ciento del presupuesto y el 2 por ciento de las retenciones al campo, que aumentaron en las últimas semanas.

Para Página/12, fue un éxito del oficialismo en la sesión que la voz informante de las provincias fuera la salteña Sonia Escudero en vez de la titular de la comisión, la neuquina Luz Sapag del MPN. De todos modos, debemos recordar que la senadora justicialista que responde a la familia Romero, había presentado otra ley que atendía casi exclusivamente a la letra de la asociación empresarial FUNDESNOA, donde se nuclean agropecuarios y madereros.

A Diputados. Miguel Bonasso, autor de la ley junto con diversas ONGs ambientalistas, tendrá ahora que liderar el debate si desea que la norma se apruebe sin los cambios de Senadores, y para ello debería lograr el consenso de dos tercios de la cámara baja. Una tarea difícil para el recientemente reelecto diputado que también responde al kircherismo, aunque no por la vía más "oficialista". Si se aprueba por mayoría simple, la Ley quedará con las modificaciones y solo restaría la firma del presidente, o de la presidenta, según el tiempo que demore la sanción.

El valor de esta norma redunda en que permitirá "planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo" que hoy está "en emergencia forestal", sostuvo Greenpeace. "Además [la ley] establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte", es decir, dos mecanismos esenciales para el desarrollo sustentable y participativo.


20.11.07

Política y Pasteras: un debate que echa humo

A días de la puesta en marcha de Botnia en Fray Bentos, investigadores uruguayos y argentinos participaron de un seminario en Buenos Aires, organizado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que se centró en los aspectos políticos del conflicto por las papeleras.

La discusión puso su foco sobre los mecanismos de democracia participativa: ¿cuánto acceso a la información hubo? ¿cuánto se respetó el derecho de los habitantes de Gualeguaychú y de Fray Bentos a elegir su modelo de vida? ¿cuánta responsabilidad demostró la empresa finlandesa? ¿qué rol jugaron los dos presidentes involucrados? ¿por qué los vecinos de Gualeguaychú se movilizan de la manera en que lo hacen y qué repercusiones puede provocar en el futuro?


¿Alguien hubiera imaginado que solo un pueblo convocaría a más de 100 mil personas de dos naciones, en un puente internacional para decir "No a las papeleras, Sí a la vida"? ¿O que una comunidad sería la que llevaría a dos presidentes a hablar sobre el tema, modificaría las relaciones internacionales -políticas y económicas- y daría paso a un cuestionamiento profundo acerca de la división del trabajo global y los modelos productivos?

Todo eso logró el pueblo de Gualeguaychú "en gran medida solo" según destacó Héctor Sejenovich, economista y docente de Ciencias Sociales y Medio Ambiente en la UBA y la Universidad Nacional de Luján. Para dar una idea "fueron 200 gualeguaychuenses los que hicieron venir al ombudsman del Banco Mundial, retrasando así el financiamiento de las pasteras".

El problema que detonó su movilización fue "básicamente de incomunicación" como explicó el periodista Nelson Castro en su programa "El juego limpio" del jueves último. La falta de información data del 2001 cuando grupos ambientalistas tanto entrerrianos como uruguayos pedían a las autoridades pertinentes la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de canalización y presas, ya autorizados sobre el Río Uruguay, sin obtener respuestas. Fue en ese contexto en que ambientalistas tomaron conocimiento de los planes aprobados para construir el puerto de M'Bopicua para la pastera ENCE.

Pasaron los meses y los funcionarios públicos. Sin embargo las evasivas no cambiaron hasta que el 30 de abril de 2005, 40.000 personas participaron del primer Abrazo al puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos. La comunidad gualeguaychuense se había apropiado de la preocupación de los ambientalistas y la había enriquecido con los mecanismos asamblearios y el aporte de profesionales de distintas disciplinas.

El acto multitudinario por fin llamó la atención de los medios de comunicación y a través del impacto mediático puso el problema en la agenda política nacional. El corte del puente y el recurso de acudir a la Corte Internacional de La Haya le dieron trascendencia internacional, aunque con objeciones.

El bloqueo de los puentes, en alguna medida, "refuerza las fronteras y la estabilización del conflicto", adujo uno de los asistentes al seminario. Por otro lado, "judicializar el conflicto puede llevar a la criminalización" de la resistencia, advirtió Anahit Anahorian, Ingeniera Agrónoma de la Universidad de la República del Uruguay.

La intermediación de un enviado del Rey de España sólo fue para la anécdota. Sí sorprendió al abogado ambientalista Jorge Daneri y a Gabriela Delamata, investigadora de la UNSAM, la postura que tomó la empresa Botnia "que actuó como un Estado más, sin respetar los acuerdos alcanzados por Vázquez y Kirchner durante la negociación".

La desconfianza en el otro, la soberbia y la desidia derivaron en dos posiciones intransigentes: la convicción de que Botnia contamina y debe irse y, del otro lado, la creencia de que Botnia y el modelo productivo que lo sustenta son el progreso para Uruguay.

¿Podrá un fallo de La Haya dar fin al conflicto? ¿Qué acuerdo contentaría a argentinos y uruguayos con equidad? "En noviembre de 2004 se habló de realizar un plebiscito a lo largo de todo el Río Uruguay, a ambos lados de las fronteras, como se hizo en Esquel contra la minería; sin embargo no prosperó tal vez por la multiplicidad de jurisdicciones que intervendrían", relató Anahorian.

Quizá sea el momento de que los pueblos de la cuenca del Río Uruguay voten acerca de los recursos y las vidas que comparten. La intervención política, la concientización a través de los medios, la educación ambiental en las escuelas y el recurso judicial no parecen ser suficientes para resolver el problema pero sí necesarios y complementarios para abrir "el debate inclusivo político", como sugirió Daneri y construir la o las soluciones entre todos.

11.11.07

Después de Botnia, reflexiones para un modelo socioambiental

Tema editorial.

Para el ambientalismo de la región, es seguro que habrá un antes y un después de Botnia: es lo único que puede afirmarse entre tanta incertidumbre. La pregunta principal no es ahora si la empresa va a contaminar o no, sino establecer qué parámetros se van a utilizar para su control. Alcanzar un criterio en este sentido, con el fin de establecer puntos de acuerdo en las percepciones sobre los residuos de la producción, parece ser el principal desafío.

Este viernes, desde que Botnia comenzó oficialmente sus actividades, se marcó un nuevo hito en la historia ambiental rioplatense. El tema resurgió con tal fuerza en los medios que resulta difícil mencionar las posturas que tomó cada periodista que informó o comentó sobre el conflicto. En otro artículo se intenta una aproximación al tratamiento de la crisis por los medios, mientras que aquí plantear algunas reflexiones para posicionar la problemática desde la perspectiva de ComAmbiental.


Efecto Papeleras. Empecemos por lo que ya se sabe: la movilización del pueblo de Gualeguaychú generó una mayor atención de los medios sobre lo ambiental, en algo que dimos en llamar "Efecto Papeleras". Sin embargo, la perspectiva de que toda esta repercusión pueda jugar a favor o en contra a largo plazo va a depender en parte de cómo se desarrolle el conflicto que originó este despertar de la conciencia ecológica en buena parte de la sociedad.

Salir a marcar la cancha, la agenda pública, en este sentido, significa dejar en claro algunos principios ambientales. El principal: repetir hasta que se sepa que todo producto de la era industrial genera su contaminación, o su impacto, sobre el medio ambiente. Por supuesto se incluyen los autos que buena parte de la población utiliza (también los manifestantes) y, claro está, el papel (que también los asambleístas utilizan).

Un modelo para armar. El último paréntesis abre otro muy importante, que merecería pasar a las primeras líneas de la discusión. ¿Es posible mantener una consigna de "No a las papeleras"? Esto es lo que critican algunos ambientalistas de años: sí es cierto que el eslogan puede cumplirse, pero solo a condición de encontrar un substituto al papel industrial, lo cual sería plantearse un desafío importante.

Por supuesto, hay al menos dos salvedades que decir en defensa de la postura de la Asamblea de Gualeguaychú. Primero, que la producción de Botnia va a trasladarse a Europa, donde buena parte será destinada al empaquetado de mercaderías, una utilización residual propia de la sociedad consumista. El segundo, la cercanía de la fábrica con un nucleo urbano, es ya más polémico y nos devuelve a lo importante: ¿Qué modelo socioambiental buscamos? ¿Seguir en la sociedad industrial o buscar alguna otra alternativa?

Pueblos y naciones. La ciudadanía de Gualeguaychú, por factores que habrá que estudiar para su mejor comprensión, sostiene en alto la bandera contra Botnia y pone como argumento la licencia social. Pero este razonamiento, llevado a fondo, nos lleva a pensar que se le quita su poder de decisión a la población de Fray Bentos, del otro lado de la orilla.

Justamente, sobre lo que habría que reflexionar, es que el río que antes unía por su atracción hoy separa por su disputa. Un nuevo modelo socioambiental, sea como sea, debe tener una característica: ser consensuado por mecanismos de planificación con participación ciudadana o popular. Desde esta perspectiva, y no señalándolo como ilegal, es que puede criticarse el corte de ruta que mantiene en forma ininterrumpida la Asamblea desde hace ya casi un año.

Porque la ruta es sobre todo una vía de comunicación, y sin ella se refuerza la falta de diálogo. Esto puede, y desde nuestra perspectiva es necesario, remediarse. Porque de otro modo, se caerá justamente en la división antiecológica de las fronteras de los estado-nación, cuando lo ambiental requiere un enfoque regional que solo puede realizarse buscando un acuerdo en un pueblo que es el mismo, con lazos literalmente familiares.

Contamina: del cuánto al cómo. La realidad es que Botnia ya empezó a funcionar y que esto exige nuevos desafíos. Para la Asamblea, como fue dicho, tratar de retomar el diálogo con Fray Bentos, porque de no hacerlo la calidad de vida habrá empeorado sin remedio, más allá de lo que pueda hacer o no la pastera. Para la sociedad en su conjunto, habrá que saber que todo emprendimiento industrial contamina, lo importante es decidir qué es tolerable, y esto depende del modelo socio ambiental.

Los optimistas dicen que el grado de conciencia y de alerta de Gualeguaychú será suficiente para hacer que la empresa Botnia cuide hasta el mínimo detalle su producción, hasta llevar sus exigencias a los mismos niveles de Europa. Esto es lo que piensan algunos ambientalistas de larga data y con un leve matiz es el aire que respiran los de Fray Bentos: ellos confían en el gobierno de Tabaré Vazquez para su cuidado.

Ante el hecho consumado, al menos hasta que La Haya se pronuncie, la acción puede seguir este camino que puede tener, sin embargo, un nuevo problema: ¿Se manejarán parámetros comunes para decir si la contaminación que produce Botnia superó un límite crítico? Pero esto, claro, lejos de depender exclusivamente de un criterio tecnocientífico, tendrá su verdadero fundamento en el consenso social. La utopía es que este criterio convoque a la región en un mismo proyecto.

¿Cómo se media el conflicto?

El fin de semana es el momento elegido por los diarios para comunicar su posicionamiento editorial frente a los temas de las semana, y esta vez sin dudas el conflicto por la puesta en funcionamiento de Botnia marcó buena parte de la agenda de los diarios que privilegian hablar de la escena nacional. En todos los casos, la noticia se analiza casi simplemente desde una perspectiva política sobre las relaciones internacionales entre Argentina y Uruguay.

Esta línea está lejos de contribuir a lo que desde aquí señalamos como una vía difícil pero beneficiosa a largo plazo para desarrollar un modelo socioambiental consensuado por la población de la región. Un desarrollo sustentable se logra cambiando la óptica para centrar el foco en la región, buscando allí caminos para superar una crisis compleja, pero no insuperable, en el pueblo del litoral del Río Uruguay.


Editorial de Clarín: Agravamiento de un conflicto mal administrado.
Clarín focaliza en los errores de los gobiernos a quiene se les adjudica una mala predisposición a negociar, en especial se critica a la gestión de Kirchner una diplomacia "presa de un grupo de vecinos y ambientalistas". El párrafo destacado que resume la posición del diario es el siguiente:

"Este desencuentro entre dos vecinos con una historia compartida se da, precisamente, cuando las tendencias de la globalización, y en particular el resguardo del medio ambiente, recomiendan a los países, especialmente a los más chicos, buscar acuerdos cooperativos para el tratamiento de los problemas compartidos".


De aquí se puede suponer que el gobierno argentino solo busca obtener un rédito político del conflicto, mientras que el uruguayo suma a este factor un beneficio económico para su país. Se ve entonces el funcionamiento de la frontera como un impedimiento para una política acorde y en tal sentido es acertado decir que lo ambiental requiere acuerdos que superan los límites de los estados nacionales.

Columna de La Nación: La pasión venció a la razón
Joaquín Morales Solá ya había marcado el terreno sobre el conflicto que para él es por sobre todas las cosas diplomático. Decía en una columna del 23 de septiembre que Uruguay había aceptado postergar la autorización hasta fin de año, que ahora parece ser los primeros días de noviembre, y que se estaba redactando un protocolo verde para el río Uruguay, que tenía como principal enemigo a Gualeguaychú que lo consideraba una capitulación. La obseción es insertarse en el mundo y Montevideo parecer ser un escollo en vista a integraciones más importantes.

"Sublevación del litoral", esta es la frase que define el espíritu de la columna de ayer redactado por el mismo editorialista. La postura, pedagógica como de costumbre, apunta a señalar los errores cometidos por el gobierno argentino, cuyo párrafo saliente dictamina:

"Kirchner no está dispuesto a resignar medio centímetro de popularidad, ni
siquiera entre los minoritarios asambleístas del litoral entrerriano, aunque
para conservar lo que tiene deba endosarle muchos problemas al futuro gobierno
de su propia esposa".

Ante esta frase no queda mucho que decir ni hacer, cuando Morales Solá compara a los asambleístas con los piqueteros para opinar que a ninguno de los dos les importa el qué dirán: por eso fracasó para él la estrategia de Kirchner, que incluye también la distinción entre adhesión en público y disgusto en privado con los de Gualeguaychú. A ellos el periodista los considera protagonistas de una "rebelión" y "minoritarios", sin mencionar ninguna vía de diálogo para un actor que no puede desaparecer de la escena.

Columna de Perfil. La victoria del corto plazo
Jorge Castro escribió otro artículo centrado exclusivamente en las relaciones internacionales, señalando el mal de que sean los asambleístas quienes las "manejan" en el caso de Uruguay, a través de lo que denomina el "lenguaje del poder" en la Argentina después del 2001: la a"cción directa". Más allá de una alusión a las "buenas intenciones" no hay otras palabras para Gualeguaychú, tampoco se profundiza en el carecter de la problemática.

"El inconveniente que tiene la denominada `política exterior´ de la Argentina
actual no es sólo su completa subordinación a las necesidades de la política
doméstica, sino que, antes que eso, vive, existe, tiene razón de ser, sólo en el
más inmediato de los cortos plazos".

La crítica a esta falta de pre-visión es un buen punto esgrimido pero no hay menciones sobre el contenido de esta posible planificación que se avisora. Se plantea, como siempre, el imperativo de la integración mundial, que pasaría siempre por lo que puede identificarse como las elites, dejando de lado mecanismos de construcción colectiva.

Panorama político de Página 12. Rioplatenses
El artículo firmado por Pasquini Durán profundiza el análisis hasta llegar a incorporar críticas a la supuesta conciencia ambiental de la nación y a la falta de estrategias de diálogos con los uruguayos, pero esto se queda a nivel de política de estado. La misma línea sigue este fragmento para destacar:

"Las apelaciones demagógicas al nacionalismo elemental en el contexto de una
economía paralizada por los que querían doblarle la mano al gobierno de
centroizquierda completaron la maniobra de la derecha asociada al capital
transnacional que busca territorios empobrecidos para instalar sus empresas
contaminantes".

Es la sensación compartida de fracaso en las políticas de estado, esta vez con un recorrido más profundo por las cuestiones socioeconómicas. Pero curiosamente, tal vez, el columnista de Página/12 coincide con el de La Nación en que Kirchner trató a los asambleístas como piqueteros, aunque la comparación esta vez apunta a que no tenían las mismas necesidades; de ahí el fracaso del gobierno. En definitiva, el panorama abre la línea argumental hacia los desengaños de los ambientalistas en un país que todavía no toma este tema en serio.

"Monitoreo permanente, contención a los asambleístas más crispados, espera de lo que defina la Corte Internacional", dice Santiago visto desde Olivos, la opinión de Mario Wainfield sobre el asunto es que persiste la continuidad de la agenda gubernamental. Resalta los dichos de Cristina sobre que ganaron en Gualeguaychú, dejando entrever que solo buscar gubernabilidad no es un recurso renovable. Se podría avanzar y decir que tal vez haga falta perder un voto en lo próximo para intentar construir un mejor futuro a largo plazo.

¿Donde manda marinero? Queda al final el mal sabor de boca de que ninguna voz parece advertir que una solución saludable solo es posible en el acuerdo entre dos partes de un mismo pueblo (el de Gualeguaychú- Fray Bentos), y que además esto parece ser lo único que convencerá a los gobiernos de realizar un pacto diplomático. De lo contrario, en base a sus ambiciones políticas, cada gobierno cuál seguirá atendiendo su juego interno, desdeñando un necesario pacto para vivir entre hermanos.


6.11.07

Basura, veo en tus ojos y veo...

La semana pasada, La Nación tituló "No queremos ser el basural de la Capital", atribuyendo la frase al futuro Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Como al don pirulero, cada cual deberá atender su juego y hacerse cargo de su propia basura. La idea tiene consenso pero el problema reside en el cómo resolverlo y ya preocupa a los próximos gobiernos.

A fin de año no sólo cambiarán las autoridades en ambos distritos, sino que cerrarán dos de los tres rellenos sanitarios en que se disponen los residuos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Ante la incógnita de qué hacer con las 17.000 toneladas de basura que se genera diariamente surgen propuestas diversas y con ellas discusiones de fondo.


¿Qué hacemos con la basura?

El sistema metropolitano de gestión de residuos se centra en dos acciones principales: limpiar y enterrar la basura en rellenos sanitarios. Sin embargo, en tres décadas este modelo ganó mala fama. A los rellenos se les atribuye la contaminación del suelo, aire y agua de su entorno, enfermando a los lugareños con patologías cutáneas, gastrointestinales, respiratorias, alérgicas y distintos tipos de cáncer.

A principios de año, vecinos de Brandsen, Campana, Las Heras y General Rodríguez hicieron oír su rechazo ante el rumor de una inminente instalación de rellenos sanitarios en sus localidades. Ante esta oposición y cuando los rellenos de Ensenada y González Catán se cierren por pedido de las poblaciones vecinas tal como falló la Corte Suprema de Justicia de la provincia, sin dudas habrá que reducir la cantidad de basura a disponer.

Por ello, el legislador por la Coalición Cívica, Abelardo García, presentó días atrás un proyecto de Ley para incinerar los residuos orgánicos domiciliarios previamente diferenciados y obtener del proceso energía eléctrica, según informó ADNCiudad. De esta forma se atacarían dos pájaros de un tiro: “el exceso de basura y la falta de electricidad”.

Desde los nuevos gobiernos de Macri (Ciudad) y Scioli (Provincia) también están evaluando la viabilidad de la incineración. Sin embargo, como publicó La Nación la semana última, existen tanto argumentos a favor como en contra de esta metodología.

No obstante, la información técnica y los antecedentes históricos -tanto positivos como negativos- no alcanzan. Al momento de evaluar el proyecto será necesario poner en juego también los valores éticos y solidarios que propendan a la sustentabilidad.

¿Por qué la Incineración puede ser una opción?

Ingenieros y funcionarios exponen argumentos a favor de la Incineración como metodología para el tratamiento de los residuos urbanos.

Ver nota principal: Basura, veo en tu mente y veo...


El impacto ambiental no sería grave, según el legislador porteño Abelardo García. El material a disponer se reduciría un 90%, siendo éste “inocuo, no contaminante” y que en Suiza incluso “se utiliza como base para carreteras o terraplenes ferroviarios”. Las emisiones gaseosas serían aun menos tóxicas que las generadas por los combustibles fósiles.

Graciela Gerola -presidenta de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente y gerente de Control Ambiental de CEAMSE– agregó en La Nación que la incineración permite reducir el peso de los residuos en un 75% de manera inmediata. Además, “no requiere grandes espacios, las emisiones se pueden controlar y monitorear sistemáticamente” y “si bien no reemplaza la separación y el reciclaje, es más rentable para grandes volúmenes”.

¿Basura quemada = Plata quemada?

Con preocupación, ONGs y asociaciones vecinales y ambientalistas postulan cuáles son los riesgos de la Incineración como método para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. También proponen alternativas.

Ver además, nota principal: Basura, veo en tu mente y veo...


Graciela Gerola -presidenta de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente y gerente de Control Ambiental de CEAMSE– adujo que la incineración implica “altos costos de inversión, operación y mantenimiento”.

En tanto, Greenpeace acusó públicamente que “la incineración es costosa, peligrosa, y representa una falsa opción desde lo social, lo ambiental y lo económico”. Entre sus argumentos mencionó:
- “La ciudad de Buenos Aires, al igual que más de un centenar de ciudades de todo el mundo, ha adoptado el paradigma Basura Cero”. Y por ley, “prohíbe la incineración con o sin recuperación de energía en cualquiera de sus variantes tecnológicas.
- “Los incineradores gastan más energía de la que producen” porque propone la quema en lugar del reciclado, sin poder recuperar materiales reutilizables y reinsertables en el mercado.
- “Los incineradores aportan gases de efecto invernadero a la atmósfera (responsables del calentamiento global) y son fuente inexorable de dioxinas y furanos, sustancias tóxicas con propiedades cancerígenas y teratogénicas que persisten en el medio ambiente y que se biomagnifican y bioacumulan en los tejidos grasos de los seres vivos”.

La organización GAIA denunció “Argentina NO tiene la capacidad técnica para medir dioxinas a escala real”, por lo cual ningún control de las incineradoras sería eficiente.

Por su parte, Andreína de Luca de Caraballo, presidenta de la Fundación Ciudad, expresó en La Nación que “la incineración puede ser un tratamiento peligroso y contaminante”, contrario a lo que ordena la Constitución porteña en su artículo 27, inciso 12. Por ello, de seguir adelante el proyecto, auguró la intervención de la Justicia para proteger “el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano”.

Alternativas

Desde el Área de Investigación de la Dirección de Políticas de Reciclado Urbano, dependiente del actual Ministerio de Ambiente de la Ciudad insisten en que antes de la incineración debería inculcarse una fuerte cultura de la separación, recuperación, reciclado y reutilización de los residuos.

En coincidencia, las organizaciones opositoras a la incineración defienden los principios de Basura Cero considerado como “un paso muy importante en materia de manejo de residuos sólidos urbanos y sustentabilidad”. Y aseguran que “el avance está en aplicar lo que dice la ley, no en buscar salidas "mágicas" que se sabe que traen nuevos problemas”.

Por tratarse de un servicio público cuyas consecuencias sanitarias y ambientales tienen alta relevancia para toda la población metropolitana, sería positivo abrir la discusión a todos los habitantes para que con información y opinión crítica puedan participar en la toma de las decisiones de manera democrática y justa.

3.11.07

Reorganizarían Ambiente en la Ciudad


La legislatura porteña quiere tratar la Ley de Ministerios y permitir que el nuevo Jefe de Gobierno modifique las carteras del ejecutivo. Una de ellas sería la de Ambiente que se fusionaría con Espacio Público. ¿El cambio será para mejor? Crece la polémica entre los promotores y los detractores.

El PRO, partido político que desde el sector privado llega por primera vez a ocupar el poder ejecutivo de un distrito, genera expectativas de cambio en la población aunque con ciertas reticencias. Faltando un mes para que asuma, uno de los puntos más conflictivos que trascendió en los medios es el ambiental.

En nombre de la eficiencia, la unión de ambos podría facilitar la coordinación y coherencia de tareas. No obstante, el actual ministro de Ambiente, Juan Manuel Velasco, calificó al proyecto como “un error gravísimo”, según informó Noticias urbanas, sosteniendo que “desjerarquiza la cuestión ambiental al superponerla con la del espacio público”.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifestó en una gacetilla su preocupación ante los anuncios e incluso difundió el interés del nuevo gobierno por crear una agencia ambiental. La Directora Ejecutiva de la ONG, María Eugenia Di Paola, sostuvo que “esta desjerarquización de la cuestión ambiental implicaría un retroceso en el tratamiento de las políticas ambientales de la ciudad". Por otro lado sugirió: "de crearse una agencia ambiental, la misma debería contar con rango ministerial”.

Un motivo de esta decisión podría obedecer a que Macri "no tiene una persona especializada para encargarse del tema", según acusó la legisladora Sandra Bergenfeld (justicialista, ex-PRO) en Parlamentario.com.

Velasco, en tanto, propuso “mantener el Ministerio de Medio Ambiente” y en todo caso “incorporar la gestión del espacio público dentro de la cartera ministerial correspondiente al medio ambiente”. Porque así como está definido el proyecto PRO, no se contemplaría “las competencias referidas a las políticas de transporte y tránsito [...] y al saneamiento y mejoramiento de la ribera, la cual no sólo forma parte esencial de una política ambiental, sino que además incluye las políticas, programas, proyectos y acciones referidos tanto al Río de la Plata (de donde tomamos el agua para nuestro consumo) como del Riachuelo y de todos los cursos de agua que cruzan nuestra Ciudad”.

Por último, Velasco concluyó que la modificación de la Ley de Ministerios podría aprovecharse para fortalecer el “tema del control ambiental”.

En la foto, Juan Manuel Velasco, actual Ministro de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Archivo de ComAmbiental.