27.9.15

Veinte años de (in)conciencia ambiental

Hoy se celebra en Argentina el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. La fecha fue instituida en 1995, en recordatorio de la tragedia ocurrida el 27 de septiembre de 1993 en Avellaneda. Siete personas murieron intoxicadas por gas cianhídrico, un tóxico formado por la unión de sulfuros y cianuro. Justamente, este 2015 el Día se conmemora en medio de la crisis desatada por el derrame de al menos un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero de Barrick Gold en San Juan. Según ingenieros de la minería, el derrame formó el mismo compuesto -ácido cianhídrico o gas cianhídrico- al llegar al Río Las Taguas.


Por Eduardo Soler

Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Puede decirse que el refrán no es infundado y que incluso el error puede repetirse. Tal vez haya aquí que profundizar el análisis y decir que no se trata en general del ser humano como especie. Sino de ciertos grupos o clases sociales condicionados por una estructura que hoy damos en llamar capitalismo, más o menos salvaje. Y que básicamente implica la mercantilización de todo, tanto "recursos naturales" como "recursos humanos". Dos acontecimientos de septiembre lo demuestran, uno en 1993 y otro este 2015.

La tragedia de Avellaneda, de 1993, se desató por dos hechos que terminaron uniéndose. Por un lado, una empresa transportistas que desechaba ácido sulfúrico en las cloacas. Por otra parte, otra empresa derramó también a las mismas cloacas restos de sales de cianuro. La combinación fue letal, porque de la unión del medio ácido y del cianuro se formó el gas cianhídrico. Las víctimas fatales: cuatro miembros de una familia afectada por esa cloaca y tres médicos que asistieron al lugar ante la emergencia. Siete muertos por contaminación ambiental.

¿Se trató de un accidente? La primera mirada puede engañarnos acerca de que se trató de un hecho trágico pero fortuito, imposible de ser prevenido por la propia lógica de los acontecimientos. Sin embargo, las investigaciones judiciales determinaron que los vecinos ya habían hecho denuncias a los transportistas frente a la entonces empresa Aguas Argentinas y también en la Municipalidad de Avellaneda. No tenían habilitación para trabajar con sustancias peligrosas.

La causa de Avellaneda fue una de las primeras en aplicar la Ley de Residuos Peligrosos, sancionada en 1991. Sin embargo, el proceso judicial no dejó condenados. Y las siete personas víctimas de este crimen ambiental, por irresponsabilidad de los empresarios en el ejercicio de su actividad. Para reponer en parte esta impunidad, el Congreso Nacional sancionó en diciembre de 1995 la Ley 24.605 que declara el 27 de septiembre como "Día Nacional de la Conciencia Ambiental".

Pero a doce años de esta tragedia ambiental, nos encontramos atravesando a otra,. Y por las paradojas del destino, nuevamente el cianuro es protagonista, además de las irresponsabilidades empresariales. En este caso, esto último aparece como un factor magnificado, ya que se trata de una de las corporaciones de megaminería más importantes a nivel global: Barrick Gold. También respecto al cianuro, ya que la propia empresa debió admitir que se derramó un millón de litros de solución cianurada.

Como ya fue tratado en ComAmbiental, esta emergencia que constituye un crimen ambiental en sí mismo, fue potenciada por el accionar de Barrick Gold, que un principio intentó ocultar el hecho. Por lo tanto, cuando el Estado Provincial actuó para prohibir el consumo de agua de red, ya habían pasado horas claves que podrían haber derivado en una situación de alto riesgo sanitario. Pero no todo el problema se reduce a la presencia de cianuro en los ríos, o al menos en la propia agua.

Según afirmó el propio Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (CADIM), el derrame de cianuro en el Río Las Taguas provocó la conformación de ácido cianhídrico, el mismo que provocó la tragedia de Avellaneda. Explicando que este río tiene una acidez particular, esto explica la reacción que se formó con el derrame. Así lo dice el CADIM: "la inmensa mayoría del anión cianuro (CN)- contenida en la solución vertida, al entrar en ese cauce ácido, se transforma en el tóxico gas cianhídrico (HCN)".

Para esta agrupación profesional, esto se trata de un hecho auspicioso. Porque al producirse el gas cianhídrico, según su hipótesis: "al igual que el también tóxico gas monóxido de carbono que se emite desde los escapes de nuestros vehículos, emigran rápidamente y pasan a formar parte de los gases de la atmósfera". En el caso de Avellaneda, durante esta migración de las cloacas a la atmósfera el gas tóxico penetró en un hogar. Aquí la fortuna habrá sido que no hubo personas presentes en el lugar.

Más aún, entonces, para el CADIM esta particularidad ácida del Río Las Taguas fue lo que provocó que el cianuro no prosiguiera corriente abajo. Según los cálculos (las conjeturas) de los ingenieros, se trata de una proporción menor, ya que existieron registros de cinco o siete partes por millón. Una dósis no letal para el consumo humano. Frente a estas conclusiones, debemos agradecer entonces la fortuna del Río ácido que generó el gas cianhídrico, y que este tóxico tampoco generara ningún daño comprobable.

Retomando una mirada ambiental de la situación, podemos observar que la visión ingenieril del mundo objetiviza siempre a la naturaleza como objeto de estudio y de control total. Sin embargo, diversos estudios inspirados en la ciencia ecológica han demostrado que la complejidad existe porque -justamente- no puede predecirse con certeza que pasará con las interrelaciones en el ambiente. Los casos de Avellaneda en 1993 (trágico) y de San Juan este año (riesgoso) así lo demuestran.

Frente a esta situación crítica: ¿Alcanza con la conciencia ambiental o ecológica? La respuesta varía según el objetivo que nos propongamos. Pero en general debe advertirse que la sóla "conciencia" nunca alcanza para cambiar una realidad. Debe ser puesta en práctica y entonces nos preguntamos por el carácter de estas acciones. Son de diverso tipo y escala. Desde la propia concepción dominante de la ciencia (que alimenta la tecnocracia), pasando por la estructura económica (basada en el lucro) hasta el sistema judicial (con impunidad para los poderosos).

Hemos informado recientemente que el Juez de la causa por el derrame reciente, Pablo Oritja, que había actuado con prudencia en un primer momento, en los últimos días cambió de rumbo. Por alguna casualidad, horas antes de que dispusiera el fin de la suspensión a Barrick Gold, el candidato oficialista Daniel Scioli estuvo presente en San Juan, donde volvió a defender a la megaminería. No estuvo sólo ya que los principales candidatos de la oposición, a nivel provincial y nacional, tampoco la cuestionan.

Pero el hecho más grave es que el juez Oritja también decidió imputar a nueve empleados de Barrick Gold, configurando la escena como un accidente. La misma conclusión de la tragedia en Avellaneda que quedó sin resolverse judicialmente. Más aún, en este caso ni siquiera se estaría aplicando la Ley de Residuos Peligrosos, lo cual le daría un carácter federal al delito. En este caso, la Conciencia del hecho existe, pero se sumerge en la inercia de un poder impune, a nivel económico y político.

En donde sí parece florecer la conciencia ecológica es en la población de San Juan. En la coyuntura de la crisis, se observaron las marchas de protesta más importantes en la historia de la provincia. Al menos 3.500 personas llegaron a la propia capital sede del poder político del gobernador, José Luis Gioja. Pidieron cierre, remediación y prohibición de la megaminaría. Desde la Asamblea de Jáchal remarcaron: "Gracias a todos por esta marcha histórica. San Juan ya no es el mismo".

Para que este nuevo crimen ambiental no quede impune, no hay que esperar que haya que lamentar nuevas víctimas fatales. En este sentido, la conciencia ecológica será más firme sí asume también un carácter de conciencia histórica de la injusticia provocada por la contaminación empresarial hacia los pueblos. Así, la cuestión debe quedar clara: el cianuro no es el enemigo. Sino la lógica donde el lucro económico se impone sobre el derecho a vivir en un ambiente sano, que garantiza la propia Constitución Nacional.

Leer también:
Crear la conciencia ambiental en la comunicación (octubre 2014).

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