21.9.10

Glaciares: ¿Propiedad privada o bienes comunes?

Las provincias cordilleranas aprovecharon la nueva prórroga en la discusión por la Ley -que resguarda las fábricas de agua del país- con el argumento de que los glaciares serían de su dominio y podrían disponer de ellos según su voluntad. ComAmbiental entrevistó hoy a la abogada Maria Eugenia Di Paola, directora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), para señalar los puntos erróneos del discurso de los gobernadores y apuntar la defensa del agua como derecho ambiental.

La campaña por la Ley de Glaciares se enfoca hoy en el lobby minero (Imagen: Greeenpeace)

Hace dos semanas, la Comisión de Ambiente del Senado decidió prolongar nuevamente la discusión por la Ley de Glaciares, que sería votada recién el día 30 de este mes. Hoy se realizó una nueva ronda de audiencias en donde participaron algunos gobernadores mineros, como José Luis Gioja (San Juan) y Luis Beder Herrera (La Rioja), que captaron el interés de los grandes medios por su oposición a la Ley acordada entre Filmus y Bonasso, apoyada por numerosas organizaciones socioambientales.



Los Glaciares son míos, míos, míos. En su intento por seguir retrasando la Ley de Glaciares, luego del lobby para el veto presidencial de noviembre del 2008, las provincias mineras capitaneadas por la familia Gioja han hecho énfasis en los últimos días en el argumento judicial y los derechos de las provincias. "Se confunde federalismo con feudalismo", había dicho en su momento el diputado Miguel Bonasso, frente a las pretenciones de los gobernadores de que la Ley de Glaciares se imponía por el "centralismo porteño". "Los gobernadores hacen terrorismo judicial", afirmó hoy Greenpeace.

Ante esta situación, ComAmbiental entrevistó a la salida de la audiencia de hoy en el Senado a la directora ejecutiva de la FARN, una de las organizaciones que más trabaja en la dimensión jurídica del cuidado del ambiente y la sustentabilidad. "Los gobernadores no tienen que obstaculizar sino colaborar con el Congreso Nacional", expresa Di Paola en esta charla, quien además explica qué establece una Ley de Presupuestos Mínimos como es la Ley de Glaciares.

ComAmbiental: ¿Cuál es la posición general de la FARN en relación con la Ley que se está discutiendo y la oposición de algunos gobernadores?
MEDP: Apoyamos la ley. Nos preocupa que haya provincias cordilleranas que vean la ley como contraria a la autonomía provincial, lo cual es falaz. Hemos contestado una declaración de las provincias en la cual ellas aducen que no necesitamos una ley de presupuestos mínimos. El dominio de las provincias está reconocido por su preexistencia en la Constitución Nacional que explicita esto en la reforma de 1994, en el artículo 124, pero a la par de esto se incluye con el artículo 41 la obligación que le cabe a la Nación de establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental sin alterar las jurisdicciones locales, señalando que las provincias pueden ser más proteccionistas pero nunca menos.

Esta cláusula constitucional surge porque estamos frente a un mapa que ofrece una protección disímil, y que hace que algunos habitantes en algunas provincias que no tienen protección ambiental regulatoria suficiente tengan una situación de inequidad o debilidad de las instituciones regulatorias. Entonces el origen de la noción de presupuesto mínimo tiene que ver con una noción de equidad y de ejercicio del derecho al ambiente sano.

ComAmbiental: ¿Cuál sería entonces el mensaje para los gobernadores que se oponen a la Ley?
MEDP: Lo que decimos a los gobernadores es que justamente no tienen que obstaculizar sino colaborar con el Congreso Nacional. Y si están tan preocupados por el ambiente que hagan leyes más exigentes pero no se enojen porque el Congreso Nacional ejerce su facultad, que le ha sido delegada por el artículo 41 para establecer los presupuestos mínimos. Sobre todo respecto de un ecosistema frágil y significativo como lo son los glaciares y por la necesidad de un ecosistema que ofrece servicios también al resto de las jurisdicciones.


ComAmbiental: En caso de que se apruebe el proyecto con media sanción de Diputados, ¿se prevén conflictos judiciales con las provincias que ya sancionaron sus leyes provinciales de glaciares?

MEDP: Las provincias pueden concurrir a la Justicia y de hecho algunos lo han mencionado como un factor amenazante. De todas maneras la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia es muy clara. En los distintos fallos tanto en el Riachuelo como el de bosques en Salta, como el fallo por el oro en Esquel, son claros en que la competencia para legislar en materia de presupuestos mínimos no obsta a la mayor exigencia que pueden plantear las provincias y debe aplicarse a las actividades diversas, inclusive a las mineras. Esa amenaza no creo que tenga un asidero suficiente para neutralizar la función que tienen que ejercer desde el Senado.

ComAmbiental: Una Cámara Empresarial adujo "inseguridad jurídica" porque no estaría previamente determinado qué es el ambiente periglaciar y qué no hasta que se haga el inventario. ¿Qué respuesta tiene para ellos?
MEDP: Justamente lo que establece el proyecto de ley con media sanción es que se empiece con el inventario en aquellas zonas donde se están desarrollando actividades y se plantea un término de 60 días para que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) presente un cronograma de 180 días para que se concrete el inventario. Estamos hace 3 años esperando que el Congreso apruebe esta ley.

ComAmbiental: ¿Y si el IANIGLA no tiene los recursos para hacerlo?
MEDP: Hoy se habló de que IANIGLA debería ser una institución coordinadora de otras pero la verdad es que el Estado debería dotarlo de mayor presupuesto. IANIGLA tiene un conocimiento y una experiencia en esta materia y está integrado por el CONICET y los gobiernos de Mendoza, San Juan y La Rioja.

El debate de fondo. En definitiva, lo que parece estar en juego es la concepción sobre los glaciares. Si se los considera solo un "recurso natural", con propietarios que pueden disponer de ellos, entonces pueden  prevalecer negocios e intereses privados. Por el contrario, si se prioriza al agua como bien natural y fuente de derechos humanos, entonces siempre debe privilegiarse el interés general a poder vivir en un ambiente sano.

Por otra parte, tampoco es beneficioso para la sociedad seguir alimentando la falsa dicotomía "trabajo versus ambiente", que se alienta desde algunos programas como "Bajada de Línea". El agua, como bien social -escaso en la zona cordillerana- es también objeto de disputa por los usos que se pueden hacer. Es entonces que el agua que consumen las corporaciones mineras se les quita en los hechos a los agricultores de la misma provincia y de otros territorios de la cuenca baja.

La unión hace la fuerza. Es necesario, entonces, que la semana próxima podamos contar con la Ley de Glaciares del acuerdo entre Bonasso y Filmus, en cuyo apoyo numerosas organizaciones se unieron, más allá de sus diferencias, como ya habíamos marcado en nuestra cobertura periodística. Para la noche del 27 de septiembre, Conciencia Solidaria y otras organizaciones están convocando a una Vigilia por los Glaciares frente al Congreso. El 28 debería haber dictamen de la Comisión de Ambiente y el 30, en una sesión especial, poder votar nuevamente la Ley.

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