31.8.10

Glaciares: Agua pura en peligro de extinción

En este informe especial, ComAmbiental consultó a distintas personalidades sobre la importancia de contar con una Ley que proteja los glaciares como fuente de agua dulce para el país. Entre el cambio climático y la contaminación minera, las amenazas se potencian y el rol del Estado se hace imprescindible para conocer y cuidar este bien declarado recientemente por la ONU como derecho humano fundamental.

 Por Pamela Sioya

El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar vuelve esta semana al Senado de la Nación. La comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable decidirá si acepta las modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados o insiste en la versión original. La idea es poder votar la ley el próximo 8 de septiembre.

El glaciar Perito Moreno es el más famoso del país. Foto: Gentileza de Lori.
Si hasta hace unos años la palabra "glaciar" se relacionaba solamente al imponente Parque Nacional Perito Moreno, el veto presidencial total de noviembre de 2008 a la ley previamente aprobada por las dos cámaras del Congreso tuvo, entre tantos contratiempos, un efecto positivo. Despertó en la opinión pública una creciente inquietud: ¿por qué la rechazó? ¿Qué intereses subyacen bajo el hielo?


Lo que se intenta proteger. Luego de que el 11 de agosto la Cámara de Diputados diera media sanción definitiva al proyecto de Ley acordado por el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus (ver columna), las expectativas crecieron. Cinco organizaciones ambientalistas elevaron hoy una carta para pedir la inmediata aprobación del proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. Su importancia redunda en la necesidad de protegerlos como "recurso estratégico" y reservas de agua pura.

Es consenso generalizado que el 70% del agua dulce está congelada en los polos y en los glaciares. A modo de ejemplo Amigos de la Tierra aclara en su libro Sobre el Agua, que “en la provincia de Mendoza, los glaciares representan el 1% de la superficie y proveen hasta el 70% del agua en los años de sequía”. Dicha provisión independiente de las nevadas o las lluvias, es la que permite el desarrollo de actividades económicas en las comunidades andinas, tales como el cultivo de la vid, tan arraigado en la identidad cuyana. En el caso de la Patagonia, el agua de deshielo es además generadora del 25% de la energía hidroeléctrica del país.

El objetivo gana adeptos a primera vista, pero las objeciones empiezan cuando se superpone con intereses particulares. En tanto un glaciar es fácilmente identificable, la forma de delimitar el ambiente periglacial genera todavía un fuerte debate entre los expertos glaciólogos y geólogos, entre las organizaciones ambientalistas y entre los políticos. Por caso, una diputada del Frente para la Victoria de Tucumán llegó a deducir con ironía que hasta “la Pampa Húmeda y la provincia de Buenos Aires están en una zona periglacial”.

Testimonio. Ricardo Villalba (IANIGLA): "No podemos darnos el lujo de permitir una actividad que impida que un glaciar siga siendo una reserva proveedora de agua de primera calidad".

Ante esta confusión, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Ricardo Villalba, sostuvo en diálogo telefónico con ComAmbiental que el artículo 2 del proyecto de ley establece claramente que “no es todo el ambiente periglacial” sino el “área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico.”

Sin embargo, Roque Pedace -Responsable de Cambio Climático de Amigos de la Tierra- adujo que “hay una línea que no sale de la literatura y tiene que definirse a priori en consenso para decir dónde termina la contribución a las cuencas hídricas”. Ese criterio será fijado por el IANIGLA, según lo dispone el proyecto de ley. “Obviamente cuanto más restringido sea, más fácil va a ser para las mineras arguyendo que no afectan la función de la recarga”, advirtió el ambientalista.

En definitiva, el espíritu del proyecto apunta a dar un paso en el reconocimiento del derecho humano al agua potable, como estableció el 28 de julio de este año la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la representación argentina apoyó "como una de las condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la vida". Recordamos, a su vez, que ya  en abril del 2009, la Fundación Servicio Paz y Justicia -dirigida por el premio nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, había hablado del agua como "bien común de la humanidad y derecho humano", recalcando justamente la importancia de los glaciares "como reserva de agua esencial para nuestros pueblos".

Las amenazas, entre lo global y lo local. Desde noviembre de 2008 el veto presidencial fue bautizado como el “Veto Barrick”. Romina Picolotti, Presidente de CEDHA que en ese entonces ocupaba el cargo de Secretaria de Ambiente de la Nación, confirmó a ComAmbiental que “el plan de Barrick Gold era cortar los glaciares, subirlos a camiones y trasladarlos a otra zona”. Paradójicamente, la justificación del veto rezaba que la ley de glaciares “daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente.” Luego del veto, Picolotti se alejó del gobierno.

Los glaciares, presentes en la discusión del Congreso (ComAmbiental)

En un primer momento, entonces, todas las miradas se dirigieron a la mega-minería a cielo abierto como el principal problema local de los glaciares. Sin embargo, a nivel global, es sabido que el cambio climático, al elevar la temperatura media, produce un derretimiento y un retroceso de las masas de hielo en todo el planeta.

En ese sentido, surgen dos acotaciones. Por un lado el diputado Miguel Bonasso, uno de los propulsores del proyecto, aseveró a este medio que la mega-minería a cielo abierto constituye “la agresión más directa a glaciares y áreas periglaciales, con un terrible consumo de agua y el uso de cianuro”. No obstante, aclaró que la Ley de Glaciares no es “anti-minera” y agregó: “Ahora, si las mineras actuaran sobre estos cuerpos de hielo, estarían violando la ley”. En las sesiones en la Cámara de Diputados, él y Fernanda Reyes se encargaron de aclarar que el veto fue el que introdujo la minería a la discusión por los glaciares.

Por otro lado, Javier Rodríguez Pardo, de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) hizo un fuerte trabajo de concientización sobre la importancia de la Ley para acompañar las luchas de las asambleas y los intereses de las corporaciones mineras en que no salga la Ley. Consultado por ComAmbiental, mencionó que, aún si consideramos que la principal amenaza es el cambio climático, la propia minería –al igual que otras tantas actividades del ser humano- contribuye también a este fenómeno global a partir de la quema de combustibles fósiles producida por su gran utilización de energía.

Frente a este panorama es que Villalba expresó: “No nos podemos dar el lujo de que además de estar sufriendo una merma por el calentamiento global, también tengamos pérdidas de otros niveles por dispersión de sustancias tóxicas, el cambio del albero de un glaciar que acelere el proceso de derretimiento, o la construcción de caminos o infraestructura turística que no esté bien diseñada”. Mariela Silvestein, vocera de Conciencia Solidaria, la organización que lideró la campaña "Los Glaciares no se tocan" coincidió con el argumento principal: "Se trata de proteger el agua, fuente de vida".

La clave. El cambio climático es la principal problemática global que afecta a los glaciares del planeta pero la minería contaminante es la ameneza directa que puede hacerlos desaparecer.

Entonces, si se intenta proteger los glaciares de distintos tipos de amenazas, ¿por qué la minería tiene más peso? En primer lugar, hay concesiones mineras millonarias que están en ambiente periglacial. Pedace citó “el caso de Pachón en San Juan, probablemente el proyecto minero más grande del país”. Picolotti recordó que por Veladero, “acciones judiciales acusan a la empresa (Barrick Gold) de haber omitido la mención de 32 glaciares”, en tanto que del lado chileno de Pascua-Lama “los glaciares en la zona de influencia del proyecto disminuyeron en promedio un 70%, incluyendo en algunos casos su total desaparición”.

Pedace vaticinó: “No creo que el conflicto termine con la ley, sino que va a dar lugar a otra fase “político-legal” en la que las empresas demandarán sus derechos adquiridos con la legislación minera de los ’90 y que aún sigue vigente. Además, se sostendrán en las leyes de glaciares a nivel provincial mucho más permisivas, sancionadas recientemente mientras se discutía la norma nacional, como en el caso de San Juan. Ante esto debe destacarse que la Ley que se debatirá en el Senado es de Presupuestos Mínimos, esto significa que fija el piso que todas las provincias deben cumplir.

Por otra parte, las organizaciones ambientalistas confían en que la reglamentación de la ley es muy importante. Allí, “lo que proponga el IANIGLA va a ser de alguna manera definitorio”, fueron las palabras del miembro de Amigos de la Tierra. La Ley de Glaciares “es un gran avance” aplaudió Villalba, ya que busca “realizar un ordenamiento territorial de alta montaña y establecer cuáles son las áreas ricas como fuentes proveedoras de agua” para protegerlas. Así, “Argentina sería el primer país en contar con una ley de protección de glaciares en América Latina”.

El dato. Los Presupuestos Mínimos están previstos por la Constitución Nacional y fijan las normas mínimas que todas las provincias deben cumplir. La Argentina sería el primer país latinoamericano que protege sus glaciares..

De todas formas, eso no es suficiente. “La ley de protección de glaciares debe ser acompañada además, por una política climática nacional coherente, tanto de cara a las negociaciones internacionales como a nivel nacional, a través de la política energética y la protección de los bosques nativos” puntualizó Greenpeace en un comunicado en mayo. Y, por otra parte, las asambleas continúan trabajando por la prohibición de la mega-minería que consume y contamina gran cantidad de agua.

Una ley que “hace agua”. La comparación con la Ley de Bosques no coincide solo en su relación con el cambio climático. Se trata de dos legislaciones que buscan proteger las fuentes de agua por su función ecológica como cabeza de cuencas hídricas. De este modo, sancionar la Ley de Glaciares sería un paso fundamental para establecer un derecho humano fundamental, dictado por la Asamblea General de la ONU en julio de este año, y posicionar el interés público por encima de cualquier negocio privado.



Análisis comunicacional

Filmus - Bonasso: el Acuerdo del Año
Por Pablo Gavirati

Sin dudas, el diálogo generado entre el senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, y el diputado del interbloque de Proyecto Sur, Miguel Bonasso, se constituye en el acontecimiento más importante del 2010 en política ambiental.


En este sentido, la principal productividad de este acuerdo no se plasmó hasta ahora en votos, sino en un saludable consenso en la sociedad civil entre dos grupos diferenciables. Por un lado, las organizaciones ambientalistas con tradición ecologista y de carácter más global, como Greenpeace, Amigos de la Tierra y Vida Silvestre, que con sus matices hacían un mayor énfasis en la problemática del cambio climático. Por el otro, los movimientos asamblearios de base local con otras entidades de apoyo a nivel nacional como RENACE, Conciencia Solidaria y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas que se enfocaban prioritariamente en la lucha contra la minería contaminante.


De todas ellas, Greenpeace y Conciencia Solidaria, a pesar de coincidir en metodologías de acción como las cybercampañas, fueron las que tuvieron cruces a nivel discursivo en los últimos meses, que repercutieron en el tratamiento mediático. No fue lo que ocurrió en un principio, en noviembre del 2008, cuando reaccionaron en conjunto con una carta de rechazo al veto presidencial, que se centraba en la “política climática” que debía asumir el país. Pero luego, la trascendencia que adoptó el lobby de la minera Barrick Gold y el nuevo proyecto encarado por el senador Filmus a instancias del poder ejecutivo, mientras Bonasso manifestaba su insistencia por la letra original de Martha Maffei, dividieron las aguas y desde las asambleas en lucha se pidió fuerte por la segunda opción.


Según se posicionó Greenpeace en un informe de mayo de este año: “De poco sirve que tengamos una ley de protección de glaciares si por otro lado y al mismo tiempo se aprueban subsidios a los combustibles fósiles, cuya promoción representa la mayor amenaza para los glaciares”. Es por ello que la ONG global enarboló en el país la bandera de los glaciares pero fundamentalmente para enfocarse en su campaña contra la planta de carbón que se está construyendo en Santa Cruz. En su momento, los verdes encontraron más fallas en el proyecto de Bonasso que en el de Filmus.


Por el contrario, Conciencia Solidaria, cargó fuerte al firmar en junio un comunicado que sostenía: “A pesar que el Senador Filmus y el IANIGLA digan que esta es una ley de protección a los ambientes Glaciares y Periglaciares y atiende temas como el Cambio Climático Global, entendemos que este proyecto de ley es un intento más para legitimar la actividad minera dentro del ámbito periglaciar cordillerano”. Por lo tanto, su principal lema fue “Queremos una ley igual a la vetada”, es decir, de claro apoyo a la iniciativa de Bonasso.


Este contrapunto se dio en forma paralela a sendos debates entre las dos figuras políticas: Filmus y Bonasso. Pero fue sorpresivamente entre los dos legisladores que surgió un acuerdo superador. Si bien el senador salió fortalecido de cara a la opinión pública, el cambio dejó mal parado al bloque del Frente para la Victoria en Diputados, que no acompañó el nuevo proyecto. La clave en el Senado será entonces saber si los compañeros de bancada apoyan esta vez a Filmus.
El mayor cambio, como ya dijimos, se produjo en la sociedad civil, que matizó más su postura en los dos grupos señalados. Greenpeace denunció el lobby minero mientras que Conciencia Solidaria aclaró que no se trata de una ley anti-minera. En este efecto paradójico se juega también el reflujo de los procesos comunicacionales.

Si es posible analizar los hechos desde el presente, la ley final estuvo muy cerca de la propuesta de las ONGs ambientalistas, que perfeccionó la iniciativa parlamentaria. Refiriéndose a ellas, Conciencia Solidaria había expresado ante la prensa el año pasado que "algunas organizaciones presentaron un proyecto que señalaba aportes o errores a la ley de Filmus, nosotros no estamos para nada de acuerdo con ese espíritu”. A pesar de ello, la propuesta nunca consistió en diluir el bien jurídico tutelado, como llegó a decirse. En ese sentido, tal vez una excepción a la regla en una postura más uniforme a través de las coyunturas fue la de Amigos de la Tierra, que si bien sostiene que la principal problemática es la climática mantiene también una sensibilidad especial sobre el conflicto minero.

En síntesis, más allá de las idas y venidas, se llegó a una concepción muy cercana a la racionalidad ecológica, donde las problemáticas que pueden afectar a un ambiente no tienen que ver con una sola causa sino que son múltiples. En este caso, el doble enfoque desde el cambio climático o desde el impacto de la minería es complementario y no contradictorio.

No hay comentarios.: