19.5.15

Alerta: ¿Ley de Semillas por decreto?

En el día de hoy, el Ministerio de Agricultura de la Nación anunció que se prepara a dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que regule el comercio de semillas en Argentina. Si bien aún no se conocen los detalles, la preocupación ya circulaba desde el año pasado por las organizaciones que se oponen a una Ley de Semillas que favorezca al agronegocio. Según el gobierno, la medida se toma en solidaridad con los pequeños productores, ya que entidades agrarias se habían manifestado contra las intenciones de Monsanto de aplicar sus propias retenciones en la venta de granos producidos con biotecnología. Sin embargo, la nueva medida impuesta volvería a dejar por fuera las propuestas de la producción campesina.

La mercantilización de las semillas amenaza el derecho a la alimentación.

Según el comunicado oficial publicado hoy, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández consideró que el decreto "fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio". De esta manera se buscará determinar qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de "bolsa blanca". Asimismo, también según el gobierno: "el DNU excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico".

El nuevo marco favorecería entonces la reciente alianza creada entre el gobierno nacional y la Federación Agraria Argentina (FAA), plasmada a principio de año con la devolución en concepto de retención a las exportaciones. Luego de ello, el 27 de marzo la FAA publicó un comunicado que denunciaba una nueva "pretensión de Monsanto", la cual "no solo implica el cobro de regalías por la tecnología aplicada en la semilla, sino por la totalidad del volumen producido y comercializado por cada agricultor". En los últimos días, incluso la Sociedad Rural Argentina también había mostrado su preocupación frente al avance de Monsanto y las corporaciones transnacionales del sector.

En ese sentido, el Ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, destacó "el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores", al resaltar que "la modernización del sistema de pago, que establece que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien". De este modo, se trataría de una medida del mismo nivel que las retenciones segmentadas entre grandes y pequeños productores. Según el comunicado, busca un "consenso necesario para solucionar el problema histórico del comercio de semillas en el país, que en los últimos tiempos había generado conflictos entre diversos actores de la cadena". En la misma línea, para Aníbal Fernández, el decreto busca proteger "a los más débiles y vulnerables y poner un fin a tantos años de discusión".

Las autoridades que rigieron la reunión en el Ministerio de Agricultura.

Dicho en otros términos, el discurso oficial habla de favorecer un proceso de mayor "justicia" entre los actores del agronegocio, para regular el sector. Pero nuevamente no atiende los reclamos del "otro campo", de la producción familiar y campesina, que se opone a la privatización de las semillas a través de las patentes y el pago de regalías. Por el contrario, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca  Gabriel Delgado, expresó que "las inversiones y el desarrollo de la biotecnología y el germoplasma son fundamentales para nuestro país y el mundo. Es un camino de agregado de valor y generación de empleo que tiene que ser incentivado con reglas claras y el consenso de todos los actores".

De acuerdo al comunicado, no participó de la reunión el Secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita que actualmente trabaja en conjunto con el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Una expresión disidente dentro del kirchnerismo que se opone a la legislación que privatiza las semillas. En este sentido, que se trate de un decreto tomado por "necesidad y urgencia", sería una vía para saltear el debate interno que se daría en el Congreso Nacional. Según Enrique Martínez, actual coordinador del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita: "La ley de semillas que se prevé por DNU debería recibir un debate profundo. Es inexplicable que se apruebe sin más".

La actual iniciativa oficial para imponer una nueva Ley de Semillas se remonta a agosto de 2012. En la última audiencia sobre el tema realizada en noviembre del 2014, se anunció que la negociación que se abrió incluso con un sector interno del oficialismo, se planteaba ya hacer excepciones a la aplicación de regalías a quienes estén incorporados al registro de agricultura familiar o los actores que el INASE (Instituto Nacional de Semilla), cuyo representante estuvo presente hoy, considere conveniente. Con la publicación del decreto, podrá analizarse en forma más detenida si se trata de esta propuesta triunfante. De hecho, ya analizan que el canon tecnológico propuesto termina con el derecho al uso propio gratuito que establece la actual Ley de Semillas.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones campesinas rechaza de plano negociar la propiedad intelectual en las semillas. Para explicarlo, Marcos Filardi, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria (Medicina- UBA) recordó en esa jornada que la ONU destacó que el "derecho a la alimentación adecuada" está por encima de los derechos de propiedad intelectual. En la última hora, diversos actores del ambientalismo y del movimiento campesino se mostraron preocupados frente a la novedad publicada por el gobierno. "¿Ley de semillas por decreto?, se pregunta la Unión de Asambleas Ciudadanas.
NO SE ATREVAN A TOCAR NUESTRAS SEMILLAS
Queremos debate, no Decreto de Necesidad y Urgencia.
En otro acto más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de nuestro país, el Gobierno Nacional declaró en la voz de Anibal Fernández la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para fijar los pagos por derechos de propiedad en la semilla y crear un registro de uso propio.
Este anunciado DNU, avanza sobre un tema que viene recibiendo las críticas y el rechazo de cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, de agricultores, campesinos y pueblos originarios, así como de académicos y de diferentes sectores políticos. Estos múltiples sectores resisten la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza. Porque estos “eventos biotecnológicos” sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad, son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura. También es importante remarcar que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de un modelo agrícola que está teniendo dramáticas consecuencias socio-ambientales a partir de la imposición del paquete tecnológico de empresas como Monsanto: drástica disminución de la biodiversidad, desertificación de nuestros suelos, contaminación de suelos y acuíferos con pesticidas, aumento de enfermedades letales en las poblaciones que conviven con las plantaciones y los silos, expulsión de la población rural de sus territorios.
Los anuncios realizados incluyen la creación de “un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico” y “que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio”. En primer lugar este proceso implica modificaciones a la Ley de Semillas vigente a través de un DNU violando los debidos procesos democráticos para una modificación de este estilo. En segundo transforma en un privilegio el uso propio de las semillas, algo que es un derecho.
Con la excusa de combatir la “Bolsa Blanca” (la venta de las semillas de soja como grano por parte de productores) se plantea haber llegado a un “consenso” para impulsar este DNU. Lo que se olvidan los sectores involucrados es que la “Bolsa Blanca” ya es ilegal con la actual Ley de Semillas y fue la herramienta con la que ilegalmente se logró expandir la soja transgénica a partir de 1996. El “consenso” alcanzado no es tal ni representa a todos los sectores de la sociedad. Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones.
En palabras de A. Fernández, el DNU viene a “poner un fin a tantos años de discusión” (sic). Con la sorpresa todavía de esta noticia, las organizaciones y referentes sociales abajo firmantes, le decimos al Gobierno Nacional NO a cualquier decreto y a cualquier normativa que intente avanzar sobre la privatización de nuestros bienes comunes.


Leer también:
ComAmbiental: Semillas: "Hay Vida después del agronegocio" (noviembre de 2014).

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