7.11.12

Riachuelo: Sin controles sobre los jueces, “a la larga o a la corta termina fallando”

Un polémico juez federal en lo criminal y penal quedó a cargo de la causa contra el juez Luis Armella, apartado del fallo por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos. ComAmbiental consultó a FARN, miembro del Cuerpo Colegiado de ONGs que sigue la causa, que insistió en la importancia de los controles sobre el juez actuante. El desafío no es solo mitigar y prevenir la contaminación ambiental sino cómo mejorar el sistema institucional hacia uno incorruptible. 

Gris sobre el Riachuelo. Foto: ComAmbiental.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación apartó al juez Luis Armella de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y lo denunció penalmente ante el Consejo de la Magistratura. El juicio contra Armella recayó por sorteo en el juzgado federal número nueve a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez, criticado por instituciones como el CELS cuyo titular, Horacio Verbitsky, fue quien inició la denuncia pública contra Armella.

Si bien trascendió que Armella podría tener 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, Andrés Nápoli, abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que integra el Cuerpo Colegiado amicus cureae, explicó a ComAmbiental que todavía no está caratulado el expediente por lo cual hablar de condenas constituye solo especulaciones.

En la última audiencia pública, Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación ratificó el vínculo entre seis empresas contratadas para obras en la cuenca que habrían sido beneficiadas por el juez Armella. Estas compañías son San Martin 264 Bernal S.A., Cía. Constructora M&T S.A., Kartonsec S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Tierras Provinciales S.A. y Gildin S.A.

En síntesis, Despouy expuso que:
 • 19 contrataciones se hicieron con M&T, de las cuales los contratantes son AySa (4 directas y 14 por concurso privado con fondos propios de AySa pero incluidos en Plan Integral de Saneamiento de ACUMAR) y CEAMSE (1 adjudicación directa).
• Todos los casos fueron contrataciones abreviadas por intimación del juez Armella.
• El monto total de las contrataciones de AySa con M&T supera los 129 millones de pesos
• 527 millones de las contrataciones de CEAMSE se aglutinan en tres de las compañías sospechadas
• Las seis sociedades investigadas tienen características en común como por ejemplo compartir el domicilio y los miembros, entre los que hay familiares directos de Armella.
El auditor general de la nación sostuvo que “la concurrencia no puede calificarse de leal” y agregó: “estamos ante una amenaza de desvíos de fondos públicos” que “nos interpela a rever nuestro sistema jurídico” porque así “no hay auditoría que valga”.

¿Quiénes más serían "los involucrados"? La AGN aclaró que ACUMAR tenía conocimiento de las cinco contrataciones directas con M&T.

Por su parte el Poder Ejecutivo nacional también denunció penalmente al juez Armella y pidió su juicio político, excusando según el comunicado oficial que “el modus operandi de Armella consistía en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la Acumar u otros organismos involucrados en su ejecución se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado”.

En este sentido, Nápoli opinó que “los que estarían en prima facie involucrados serían más las autoridades de AySa, en menor proporción las de CEAMSE y después eventualmente las de ACUMAR”, considerando que los dos primeros organismos fueron los contratantes directos y el número de contratos. El juzgado federal nueve será el que deba resolver.

¿Cómo sigue? En los próximos días la Corte emitiría una resolución que organice la causa de ahora en más. “En FARN –continuó Nápoli- creemos que la fórmula del juez único es la que necesitaríamos en este caso pero tomando nota de las lecciones aprendidas, para que no se tomen decisiones contrapuestas o criterios que no sean coherentes entre sí y para generar expertise” en un fallo que marcó un hito en la historia ambiental de la Argentina.

“La Corte debería evaluar que cuando otorga un gran poder a una persona tiene que generarle los controles proporcionales”, sostuvo el abogado y recordó que la AGN hace un control meramente financiero y el Cuerpo Colegiado actúa según lo establezca el propio juez de la causa Riachuelo.

“Nosotros siempre hemos reclamado una contraparte, una suerte de Ministerio Público que controle el accionar del juzgado en la materia. Esperemos que la Corte escuche esto porque si no a la larga o a la corta termina fallando", concluyó Nápoli.

La gran pregunta pendiente: entre los involucrados en la causa y los casos de corrupción: ¿Qué pasa con el Secretario de Ambiente de la Nación y Presidente el ACUMAR, Juan José Mussi?

Ver también:
Armella-Mussi: la conexión Berazategui (2/9/2012)
Mussi solo recibió un llamado de atención de CFK (7/9/2012)
Riachuelo: La Corte dilata las decisiones (26/12/2012)

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