15.12.11

El debate territorial, el plan agropecuario y la Ley anti-terrorista

Mientras el Congreso debate la Ley contra la Extranjerización de la Tierra, comunidades del norte del país viven la urgencia de sobrevivir a la presión de los terratenientes locales. Desde el gobierno nacional, impulsan la sanción de la Ley, al mismo tiempo que ponen como objetivo la implementación del Plan Estratégico Agroalimentario. La política incluye la expansión de la frontera de los agronegocios, en momentos donde también se discute la Ley Anti-Terrorista que puede criminalizar la protesta social "eco-terrorista".

ACTUALIZACIÓN 16/12: La Ley Anti-terrorismo ya tuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. También fue aprobada en Diputados la Ley contra extranjerización de la Tierra y la Ley del Peón Rural.

El MOCASE se movilizó a un mes del asesinato de Christian Fereyra y por el modelo campesino- indígena.

Tierras: Una Ley necesaria, una Ley insuficiente. El discurso inaugural de la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner en agenda la discusión por la Ley que limita la Extranjerización de la Tierra. El debate en comisiones de esta semana modificó el proyecto original, que permitía duplicar la actual tenencia en manos de extranjeros, para llegar al número de 15 por ciento. Esta semana, la Cámara de Diputados alcanzó el dictamen en comisiones y espera por ser debatido en el recinto.

El flamante Ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yahuar, expresó en una entrevista de Página/12: "Necesitamos blanquear la situación de la tenencia de la tierra en manos extranjeras, aunque no sea el único tema relevante. También debemos abocarnos al resto de los conflictos alrededor de la tierra, como son las ocupaciones indebidas de campos, alquileres. En muchas zonas, los pueblos originarios tienen inconvenientes para acceder a su tierra. En diversos lugares hay juicios porque los propietarios son de dudosa tenencia legal, aunque legítimos".

En un comunicado reciente, el bloque legislativo del Frente Amplio Progresista celebró el cambio en el proyecto, aunque señaló otros puntos. "Vamos a acompañar la sanción de esta ley, pero vamos a insistir con estos aspectos que consideramos importantes. Con la expectativa de poder plantear también los debates que nos quedan por delante en toda esta problemática de la tierra: buscar una distribución más justa de sus frutos, cuidar su uso para las próximas generaciones, promover alternativas al modelo “monosojero” actual, frenar los desalojos y restituir el territorio a indígenas y criollos que así lo reclaman, entre otros tantos desafíos", manifestaron.

Una visión ambiental, el ordenamiento del territorio. Hace un mes, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales tomó posición sobre el debate, haciendo eje en una cuestión más amplia. El documento plantea como marco general: "No se justifica la imposición de límites en la tenencia de tierras a cierto número de unidades productivas solo para extranjeros, sino también corresponde hacerlo respecto de los nacionales". Y, en ese sentido, aclara: "El principal problema no parece ser entonces el de la extranjerización de la tierra, que es sin duda una situación que reclama una clara, razonable y más estricta regulación, sino el modelo extractivo vigente".

La focalización en el modelo productivo hace necesario entonces enfocar en la política pública que más impacto tendrá sobre el uso de la tierra. "El Plan Estratégico Alimentario (PEA) propone aumentar la producción agraria en un 60% en los próximos nueve años, lo cual implicará un crecimiento masivo de los desmontes y el uso de agrotóxicos, sin que ello se integre de manera alguna al presente debate", advierte FARN. Como una herramienta para enfrentar esta grave problemática, señala la importancia de debatir y sancionar una Ley de Ordenamiento Ambiental del Territorio, donde se incluya como eje central la participación social.

Para la organización ambientalista, la Ley "debe ser parte de una iniciativa más amplia, ambiciosa e integral que incluya el análisis y tratamiento de diversos asuntos relacionados como el marcado proceso de concentración de la tierra en Argentina, la necesidad de un sistema integral de ordenamiento territorial y control del uso de la tierra para nacionales y extranjeros, el ajuste de la legislación vigente para evitar colisiones con una eventual nueva normativa y la previsión de mecanismos que faciliten la salvaguarda de espacios naturales que resultan ser valiosos para la conservación".

Conflicto Territorial y Ley Anti-Terrorista. Frente a la iniciativa por la Ley de Tierras, el FAP también se pronunció: "Lástima que la misma urgencia no corrió por ejemplo para la aplicación de leyes ya sancionadas, como la de regularización de tierras a comunidades indígenas, o la ley de bosques, que son de su competencia o la de sus aliados en las provincias. La continuidad en las agresiones a la comunidad Qom en Formosa a pesar de la mesa de negociación conformada luego del `desalojo asistido´ en la 9 de Julio, o la muerte de otro campesino en Santiago del Estero también formaron parte de este debate".

También Horacio Verbitsky, periodista y presidente del CELS, conectó en una columna crítica el PEA con la discusión de la Ley Anti-Terrorista. Aún dándole confianza al gobierno nacional, menciona: "Casos como el de Ferreyra en Santiago, la ocupación de tierras de Ledesma en Jujuy o las comunidades wichí de Salta y qom de Formosa, prueban que ni todos los gobiernos provinciales, ni mucho menos los actores privados con intereses económicos en la ocupación de tierras campesinas o indígenas comparten la preocupación del kirchnerismo de no reprimir las protestas sociales".

Justamente, mañana se cumple un mes del asesinato de Christian Ferreyra, militante del MOCASE, en el marco de los intentos de desalojo de un terrateniente de Santa Fe. En este contexto, se realizó hoy la "Gran Movilización Campesino Indígena", que reunió a los dos MOCASE y contó con la participación de más de dos mil personas. Allí se hizo un fuerte llamado contra el modelo de los agronegocios, a la vez que ratificó el pedido de "juicio y castigo contra los responsables materiales e intelectuales", terminando la marcha frente a la Casa de Gobierno de Santiago del Estero.

La lucha por el modelo. “Los campesinos queremos tierra para alimentar a los pueblos. Basta de agronegocio y despojo de nuestros territorios”, sintetizó Deolinda Carrizo, dirigente del MOCASE-VC. Greenpeace Argentina también estuvo presente en la marcha para acompañar los reclamos y pedir también por el cumplimiento de la Ley de Bosques, que impide desmontes. En ese marco, Hernán Giardini opinó sobre la Ley de Tierras: "Es necesaria pero así no resuelve problemas de desmontes y desalojos, la gran mayoría realizados por argentinos", expresó a ComAmbiental.

En este marco de conflictividad social, distintas organizaciones sociales y socio-ambientales presentaron un fuerte documento: "Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta". Allí entidades como Los Verdes, CELS, Conciencia Solidaria, SERPAJ y miembros de la RENACE manifestaron su preocupación. No parece para nada exagerada, en tanto y en cuanto algunos gobernantes ya acuñaron términos como "eco-terroristas", para referirse a asambleístas que luchan contra la mega-minería, como así también la sojización y el modelo extractivista.

Ver también:
ComAmbiental: Un Plan para los Agronegocios
ComAmbiental: La "cobertura" oficialista del asesinato de Cristian Ferreyra
MOCASE: Histórica Movilización Campesina Indígena contra el agronegocio

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