2.7.06

Justicia Ambiental, tres poderes para un mismo fin

El editorial de la Semana

En nuestro artículo del día, Enrique Viale, presidente la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, destacó el fallo de la Corte Suprema que intima al Estado a hacerse cargo de la situación del Riachuelo como una bisagra en el derecho ambiental . El Juez Oscar Garzón Funes, por su parte, prefirió recordar el papel necesario del poder ejecutivo. Mientras tanto, Romina Picolotti se prepara para asumir esta semana como nueva secretaria de Medio Ambiente.


"Para el tema del Riachuelo, que será uno de los prioritarios, Picolotti tendrá un área de trabajo especial. El objetivo a largo plazo es la recuperación de las aguas, para lo cual habrá medidas puntuales de limpieza, pero como escalón previo indispensable será necesario detener la contaminación", informó hoy un artículo de Página 12.

Por su parte, Picolotti le expresó a La Nación en una entrevista que "El Riachuelo es una prioridad porque hay una intimación de la Corte Suprema de Justicia. Allí haremos acciones inmediatas de atención sanitaria y obras de infraestructura".

Todo lo dicho hasta aquí demuestra que la Corte Suprema de la Nación logró su cometido de instalar el tema en el gobierno, aunque sea a la fuerza. Pero debemos instalar la pregunta saludable: ¿puede el poder judicial llevar a cabo la justicia ambiental? Seguramente, no.

Eso es lo que seguramente piensa Picolotti, que tiene el enorme desafío por delante de ser la primera que haga una política ambiental en serio en Argentina. Por ahora, empezó por lo urgente (pasteras, Riachuelo), lo importante espera.

Porque, basta con recordar, como lo hizo hace tiempo el periodista ambiental Sergio Federovisky, que la política correcta es la que impide los problemas y no la que los soluciona (
esto con relación al Riachuelo) que el poder judicial no es el ideal para llevar a cabo esta política.

A pesar de que existe el derecho precautorio, aún así en este ámbito estamos a la defensiva. El poder legislativo, desarrollando normativas serias, y el poder ejecutivo, haciendo cumplir las leyes y planificando estrategias a largo plazo, son quienes deben llevar a cabo la política ambiental, si es que esta es una política de Estado.

No sirve la acción de cada uno por separado. Porque, como se destacó en la consulta ambiental que realizamos por el día del Medio Ambiente, muchas veces existe la legislación pero no está reglamentada por el ejecutivo, y por lo tanto tampoco puede actuar el judicial.

Esto es importante, porque como lo demuestran numerosas organizaciones en todo el país (como FARN, AAAA, CEDHA, entre otras), el derecho ambiental fue (y es) uno de los pocos recursos con que los ciudadanos pueden luchar en defensa del medio ambiente.

En este sentido, Picolotti tiene otra marca más, es una de las primeras -sino la primera- funcionaria de primera línea que no tiene una tradición política partidaria y que proviene del tercer sector. La ONG que preside, el Centro de Derechos Humanos y Ambientales, es elogiada por su trabajo desde la sociedad civil. Es una muy buena oportunidad, entonces, para que esta experiencia diferente llegue al Estado.

La Justicia ambiental, entonces, el equilibrio entre seres humanos y naturaleza, el derecho a disfrutar deun ambiente sano, no es tarea solo de la Justicia entendida como el poder judicial, sino que se lleva a cabo con legislación desde el Congreso y políticas desde la Casa Rosada.

Si existe un cuarto poder como el periodismo, no hace falta repetir que a este actor social también le cabe un rol protagónico para promover la justicia ambiental.

Temas: COMUNICACIÓN/ Política Ambiental, Derecho Ambiental

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