9.11.14

Agrotóxicos: Escuelas y vidas fumigadas

En los últimos días, trascendió que la Cámara de Diputados podría tratar una nueva Ley de Agroquímicos,  presentada por un legislador oficialista. Según denunció la RENACE, el proyecto representaría "una clara regresión normativa al reducir el marco de revisión de los registros de agrotóxicos". El mismo día en que las Comisiones de Agricultura y Comercio se reunieron en secreto para tratar aquella normativa, maestros rurales daban su testimonio en audiencia pública sobre las Escuelas Fumigadas. Aquí la autora presenta una síntesis de aquella jornada, convocada por Unión Popular, donde pudo escucharse "la voz desesperada" de los pueblos fumigados.

María Fernandez Benetti
 (AAdeAA / Patria Grande)

La Escuela Nº35  de Entre Ríos, que sufre fumigaciones. Imagen: Radio Futura.


En el Congreso de la Nación, el martes 28 de octubre se realizó la audiencia pública sobre “Escuelas Rurales Fumigadas”. En un espacio extremadamente pequeño se realizó la audiencia, en la cual asistieron principalmente los maestros rurales de diversas regiones del país. Ellos son los que se han echado al hombro semejante lucha: intentar que no se fumigue en la cabeza de sus estudiantes, a los que los une no solo un lazo “educativo” sino territorial. El compartir el espacio en el que ambos viven.

Se relataron historias, todas casi similares, de cómo vive el interior del país el avance de un modelo agroindustrial donde la gente “estorba”. Donde cada casa o escuela quita valiosas hectáreas para la proliferación de la providencial “soja”. De cómo hay fracturas sociales constantes ante los reclamos de un niño a otro porque el papá de uno fumigó la casa del otro y la denuncia en contrario que el papá del segundo le hizo al primero. De cómo las maestras que denuncian las fumigaciones son ninguneadas por sus superiores y tratadas como “locas”. De cómo desespera no saber qué hacer ante cada fumigación: si llamar a la policía, pararse frente al “mosquito fumigador” y cortarle el paso, mandar a los chicos a su casa corriendo el peligro de que no los lleven a centros asistenciales y su salud empeore.

Denunciar tal vez a los vecinos que también -paradójicamente- son los que colaboran en la cooperativa escolar y son el principal sustento de la escuela. Un sinfín de situaciones cargadas de injusticias y sin una respuesta para dar.

En la audiencia se escuchó la voz desesperada de los pobladores del interior. Esta fue una oportunidad única para poder exponer al “sujeto urbano de la capital” las consecuencias nefastas de un modelo que cae sobre las espaldas de la gente que vive en el campo. Un campo cada vez más despoblado, ciudades del interior con mayor cantidad de cordones de pobreza donde se aglutinan los “expulsados del modelo”, ya sin tierra, sin oficio y sin rumbo. Familias que se consuelan con reducidos alquileres que reciben de las grandes empresas que monopolizan la explotación agrícola y que expulsan día a día no sólo al resto de las actividades, sino a los pobladores de esas tierras.

Le sumamos a todo ello el aumento exponencial de casos de cáncer (según registros de epidemiología popular); malformaciones, infertilidad, enfermedades dermatológicas y respiratorias crónicas; problemas endócrinos. Son los que encabezan una lista no cerrada y aún desconocida de impactos en la salud.

En la sala contigua, se reunían distendidamente y en paralelo, la comisión de Agricultura del congreso, ignorando en forma absoluta el tema planteado en la audiencia. Una situación casi obscena, frente a la presencia de los damnificados directos que habían viajado para ser escuchados.

El reclamo colectivo fue que era fundamental que se involucre a los gremios (como lo hace AGMER, el sindicato docente entrerriano) en los reclamos. También que se incluyan en los programas escolares una educación ambiental efectiva. Que se llame a las cosas por su nombre. Que se deje de llamar “remedios” a los “venenos”. Que se trabaje sobre una ley marco a nivel nacional para contrarrestar el intento por parte del oficialismo y compañías semilleras de flexibilizar la misma unificando legislación nacional para darle seguridad jurídica a las inversiones. Que marquen parámetros lógicos y fundamentados de aplicación de los agrotóxicos. Y que se recategoricen las sustancias usadas en base a estudios serios y públicos.

Todo el debate se centró en una exigencia que se tuvo como objetivo de mínima 1.000 metros de franja de seguridad. El 22 de octubre pasado el tribunal de ejecución penal de Bahía Blanca dictó una resolución ordenando la suspensión inmediata de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos en una franja de 1.000 metros alrededor de la escuela “Martín Fierro” del Paraje “El Relincho”, cercano a Sierra de la Ventana. Esta escuela fue afectada el 12 de septiembre de este año por fumigaciones terrestres a menos de 200 metros con las sustancias ‘dicamba’, ‘metzulsufuron’ y ‘2,4-D’. Por ello, un grupo de padres y una docente del establecimiento iniciaron una causa judicial. Este fallo viene a apalancar y legitimar luchas y abre una puerta importante a nuevos reclamos posibles.

En cada provincia, en cada municipio y en cada rincón del país se repite la misma batalla, donde las asambleas populares, los docentes, los padres y algún sindicato son los actores principales, con una ausencia casi total de organismos del Estado. Es decir, donde hay una puja feroz entre recuperar tierras productivas y el pedido desesperado de las comunidades rurales y también urbanas que dejen de rociarlas con veneno.

Nuestro país está plagado de territorios sacrificados en pos de un modelo productivo impuesto, no consensuado socialmente, que nos presentan como el único viable. Esta es la posibilidad de demostrar lo contrario y exigir políticas públicas reales que garanticen un modelo viable desde el ámbito ambiental y social. Y que priorice la salud de la población.

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