13.9.10

Basura Electrónica: La opinión del INTI

ComAmbiental entrevistó a la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Doctora Leila Devia, para dilucidar los aspectos técnicos del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la gestión de los Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE) que se está tratando en el Senado. El INTI -al igual que Greenpeace, la Fundación Ambiente y Sociedad y la operadora Silkers- avaló el proyecto firmado por los senadores Daniel Filmus y José Martínez.

Fuente: "Saber cómo" (INTI, 2004): "Desechos electrónicos, no gracias"


Filmus ya había proclamado en una carta dirigida a la Presidente Cristina Fernández "la enorme y progresiva generación de RAEE provoca serios riesgos ambientales que tenemos la obligación de evitar y/o minimizar". En este artículo repasamos los datos centrales del proyecto de Ley, que se ingresó en el Senado en abril de este año y tiene giro a 4 comisiones, para luego profundizar en los conceptos de la directora ejecutiva del INTI.

Los fundamentos. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), se generan en todo el mundo entre 20 y 50 millones de toneladas de RAEE por año. Al ser desechados a basurales sin control, estos residuos pueden librar tóxicos al suelo y a las fuentes de agua subterráneas, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud de los seres vivos.

"El recambio tecnológico de estos aparatos hace que sean la fracción de residuos que más rápido crece, con el agravante de contener sustancias peligrosas, como metales pesados (entre ellos, mercurio, cadmio y plomo) y por otro lado, materiales valiosos, como el oro, el cobre y el platino, que son enterrados una vez que los aparatos son descartados”, sostuvo María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.

De acuerdo con un informe otorgado por el INTI, “el mercurio, el cadmio y el plomo, una vez presentes en el medio ambiente, pueden concentrarse en tejidos de organismos vegetales o animales, y llegar hasta el hombre a través de la cadena alimenticia, causando trastornos de crecimiento y enfermedades”. Por otro lado, y según consta en el texto del proyecto de ley, "más allá de la gestión y disposición final de los residuos, estos aparatos provocan un impacto negativo en el ambiente a lo largo de su ciclo de vida, fundamentalmente a causa de la extracción minera, transporte y gasto de energía necesarios para su producción".

En este contexto, el proyecto de Filmus propone los presupuestos mínimos para la gestión de estos aparatos desde su producción hasta su disposición final, y otorga centralidad al concepto de responsabilidad extendida individual del productor. Esto significa que los productores de los aparatos electrónicos y eléctricos deberán hacerse cargo de la recuperación, reutilización, reciclado y disposición final de estos materiales, además de financiar las actividades del Ente Nacional de Gestión de los RAEE.

La Ley, en discusión. Por ahora, el proyecto continúa en la agenda de discusión de la Comisión de "Ambiente y Desarrollo Sustentable" del Senado de la Nación, y tiene dictamen pendiente también en las Comisiones de "Ciencia y Tecnología", "Justicia y Asuntos Penales" y "Presupuesto y Hacienda". A continuación, presentamos el diálogo mantenido vía e-mail entre ComAmbiental y la directora ejecutiva del INTI.

CA: En el texto presentado se propone la responsabilidad extendida individual del productor, ampliando sus responsabilidades a la etapa del post- consumo de productos que son utilizados a través de la electricidad o la electrónica. Se establece también un ente regulador y se dispone el modo de financiamiento; pero no se desprende del proyecto de qué modo se implementará en la práctica el circuito de recuperación, reutilización, reciclado y disposición final. ¿Ustedes tienen conocimiento de que exista algún proyecto o alguna propuesta para que los productores puedan hacer efectiva esta medida?

INTI: Cuando se hizo la presentación de la ley ante el Senado, expusieron grupos que han emprendido la actividad de recuperación o reciclado. También las empresas que ofrecen el servicio de disposición final. Parte de la tarea de la reglamentación de ley es tener en cuenta estos actores y fijar las pautas para la articulación de cada uno. Asimismo cada productor o agrupados en cámaras puede proponer a la autoridad de aplicación ambiental un proyecto para la gestión de los RAEE que le sea conveniente desde el punto de vista de un contrato comercial. La autoridad de aplicación de la ley lo evaluará, ajustará a la legislación vigente y aprobará para su implementación.

CA:
¿Tienen conocimiento de que se hayan hecho estudios del impacto ambiental que podría llegar a ocasionar la puesta en funcionamiento de plantas recicladoras? Una posición conocida es que en ocasiones el mismo proceso de reciclado requiere una disposición energética que también impacta ambientalmente, y en tal caso, entendemos sería necesario una evaluación rigurosa para determinar la conveniencia de realizar este tipo de tratamiento en el país.

INTI:
No tenemos conocimiento de que se hayan hecho estudios de impacto ambiental de la puesta en marcha de plantas recicladoras, quizás los hubo y fueron presentados a la Autoridad de Aplicación Ambiental (AAA) y no al INTI. Sí entendemos que el consumo energético es un factor determinante a tener en cuenta y que el ámbito de energía tendrá que dar su opinión técnica.

CA:
En relación a lo anterior, nos interesa saber si se contempla la posibilidad de exportar estos materiales a países que dispongan de infraestructura para realizar el tratamiento que el proyecto dispone, y qué costos en términos económicos podría implicarle al productor.

INTI:
De hecho tenemos conocimiento que la AAA ha aprobado la exportación como disposición final.

CA: Lo que sigue es quizás una pregunta más política que técnica, pero tal vez tengan alguna información respecto a si se contempla en este proyecto alguna protección a los usuarios, en el sentido de que se impida que estos costos sean trasladados al precio del consumidor final de los productos en cuestión.

INTI:
Respecto a los costos no podemos opinar, habría que consultar a los operadores. Habiendo ya antecedentes, se podría investigar si los productores han trasladado ya los costos de la exportación a sus productos mediante un estudio en el mercado o si lo han absorbido.

Link de interés:Texto del proyecto de ley

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