5.5.10

¿Una Sudamérica con Política Ambiental?

Por Eduardo Soler.

Ayer concluyó una nueva Cumbre de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), una organización política impulsada por los gobiernos "progresistas", que desde el pensamiento ambiental puede abrazarse por promover la necesaria articulación continental. Sin embargo, en la actualidad este programa se ejecuta en la realidad con el interés de ampliar el modelo económico extractivista que condensa la IIRSA, (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional SurAmericana).

A su vez, el conflicto por la pastera (ex)Botnia fue, y es, un motivo de grave crisis para este organismo en proceso de consolidación, que deja varias lecciones a considerar. Por un lado, existe la evidencia de que es necesario crear un organismo que consensúe políticas ambientales comunes y medie en disputas internacionales y, por el otro, es una muestra de la creciente demanda de los pueblos de proteger su territorio frente a los intereses de las corporaciones trasnacionales.


Las cuencas del Mercosur. "El Mercosur carece aún de una legislación ambiental común que establezca los estándares que deben ser respetados en todo su territorio y evite así cualquier forma de dumping ecológico, laboral o fiscal por parte de las grandes multinacionales", escribió el diputado Fernando Iglesias (Coalición Cívica). Este fue el diagnóstico realizado por el conflicto entre Argentina y Uruguay, y la propuesta es "crear una agencia ambiental del Mercosur", que ya cuenta con un Acuerdo Marco para esta temática.

Por su parte, los presidentes de ambos países se reunieron y declararon abierta una nueva etapa luego del fallo de la Haya, donde buscarían la cooperación, el diálogo y el monitoreo conjuntos. En ComAmbiental, ya hemos considerado que la estrategia de nacionalización y judicialización que adoptó la Asamblea de Gualeguaychú llevó a esta situación de enfrentamiento con el pueblo de Fray Bentos.

Por esto es destacable la opinión de María Ortiz de la ONG REDES, capítulo uruguayo de Amigos de la Tierra, que le expresó a IPS que el corte del puente y la campaña contraria al turismo en Uruguay "consolidaron el apoyo de la opinión pública a la empresa" y que espera que ahora sí la discusión pueda centrarse en "el modelo productivo y el tipo de economía que representan estos proyectos". Para el politólogo Vicente Palermo, los "vecinalistas" de Gualeguaychú perdieron también apoyo de la sociedad argentina.

Si se logra superar, entonces, la etapa de nacionalización, podrían discutirse las contradicciones internas que tienen las posturas predominantes de ambos lados del río. Y si la prioridad es fortalecer la CARU, como sostienen investigadores del CONICET, el siguiente paso es diseñar políticas a partir del concepto de cuenca hídrica, en el que debe existir un acuerdo entre los pueblos del riesgo que se está dispuesto a asumir socialmente frente a la contaminación que generan diferentes actividades productivas.

¿Unidos frente a las trasnacionales? Si superamos la consideración de este caso particular, de enfrentamiento bilateral, pronto debemos poner la mirada a escala regional- continental, para toda América del Sur. En este sentido, se hace imprescindible construir una institucionalidad fuerte que no solo actúe como "grupo de apoyo" frente a crisis políticas o amenazas a las democracias (como el caso de Bolivia), sino que cimiente un sistema jurídico autónomo de la centralidad del sistema mundial.

Esto de por sí constituye todo un desafío, que está relacionado con la manera de posicionarse en el proceso de la globalización, donde existen fuertes actores conocidos como las corporaciones trasnacionales. Hace poco, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, convocó justamente a la UNASUR a apoyar la decisión de su país de luchar contra una petrolera con base en Estados Unidos, que se encuentra en un litigio jurídico por un supuesto incumplimiento de un acuerdo bilateral de inversiones.

Sin embargo, este tipo de declaraciones tienen una grave contradicción con la mayoría de los hechos que ocurren, como ya hemos comentado para el caso de Ecuador, pero cuyas consideraciones pueden generalizarse en toda América del Sur. La misma crítica también puede hacerse a la Cumbre convocada por el presidente Evo Morales para defender los derechos de la Madre Tierra y asumir una posición crítica frente al Acuerdo de Copenhague sobre Cambio Climático.

Pero allí la situación se complejiza todavía más, porque este camino trasado por los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra américa) es inverso al hecho, sobre todo, por Brasil, que fue una de las potencias emergentes que impulsó el Acuerdo de Copenhague. Aún sin contar esta diferencia, el modelo económico extractivista, basado en la exportación de recursos naturales agrícolas y mineros, atraviesa todos los países de nuestro contienente generando conflictos socioambientales de diverso tipo.

¿Una Agenda Ambiental del Continente? El primer punto, entonces, es tomar la fuerte decisión de cambiar la matriz económica, para la cual parece no "alcanzar" con los gobiernos "progresistas", sumergidos en el imaginario "desarrollista". El cambio, tal vez, pueda buscarse en la emergencia de las organizaciones socioambientales y los movimientos campesino-indígena, a la vez que en nuevas propuestas como la sustentada por el Partido Verde, sobre todo en el caso de Brasil, y es para estudiar el fenómeno en Colombia.

Una vez logrado esto, la agenda ambiental para el UNASUR es amplia e incluye sobre todo cambiar la matriz energética, alcanzar la soberanía y seguridad alimentarias, detener la mega-minería química, re-pesar la política industrial y proyectar una educación ambiental. El desafío es aprovechar las grandes potencialidades que tiene América del Sur, sobre todo a través de las economías regionales y la complementariedad, con la discusión de nuestros modos de vida en el Sur del Mundo.


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