21.12.06

Lucha legal contra la minería en Mendoza

La buena noticia duró poco. La legislatura mendocina había prohibido hace una semana la minería a cielo abierto pero el gobernador vetó en los últimos días la ley amparándose en la legislación nacional. Ahora, la Asociación Argentina de Abogados Ambientales (AAdeAA) busca revertir la medida. Mientras tanto, la secretaria de Ambiente Nacional Romina Picolotti dijo que "se debe controlar a la minería" pero que el Estado no está en contra de ella.

La lucha en Mendoza se da en los recintos legislativos, en medio de apreciaciones contrapuestas sobre el derecho. El gobernador Julio Cobos basó su veto parcial a la ley 7627, que detenía la actividad minera hasta tanto no se sancionara el Plan Ambiental contemplado en la ley 5961, contradecía el código minero nacional, sancionado en la década menemista, y que por ello sería "inconstitucional". En realidad, la medida se habría basado en frenar posibles juicios por perjuicios a terceros, es decir, las empresas mineras.

La AAdeAA presentó a su vez un dictamen en el que cuestiona el veto del gobernador y defiende la suspensión de la actividad porque la ausencia del Plan Ambiental pone en peligro un derecho tutelado basado en el principio precautorio. "No descartamos iniciar acciones legales en defensa del Derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano que consagra nuestra Constitución Nacional", advirtió Enrique Viale, presidente de la organización.


Por su parte, el gobierno provincial presentó en el mismo día del veto un proyecto de ley que reglamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la minería. El diario Los Andes de Mendoza publicó hace unos días un editorial en el que defendía "que los minerales deben ser sometidos a explotación porque son necesarios para el desarrollo del país, pero que eso debe hacerse en forma tal de minimizar el impacto de las actividades de explotación sobre el medio ambiente".

Perfil recordó en un artículo que "en varias provincias (...) los vecinos denunciaron la presión de las mineras, la división social que han producido, el saqueo económico -por ley las mineras pagan un tope de un 3 por ciento de regalías- la contaminación de la explotación a cielo abierto y el perjuicio económico de otras actividades sustentables debido a la falta de agua y energía como consecuencia de la actividad minera". Y resumió: "El cianuro podría pasar a ser un habitante más en la provincia de Mendoza".

¿Es posible un desarrollo sustentable minero? Las opiniones dentro de la sociedad están divididas, y es difícil dar una respuesta certera por los intereses que la actividad genera. Pero la minería fue uno de los grandes temas que convocó a la marcha ambiental de la semana pasada, y ahora la lucha contra la minería y a favor del agua pura se recrudeció tras la decisión del gobernador. "Las organizaciones ambientalistas y los vecinos autoconvocados están en pie de guerra", informó Uno Digital.

En Mendoza, el debate se realiza con mayor fuerza porque la producción del campo, en especial la vitivinícola, podría sufrir los problemas causados por la contaminación y la escasez del agua. En la consulta realizada en mayo de este año, Eduardo Sosa, presidente de la Oikos Red Ambiental de la provincia había señalado como principal problema “el deterioro o pérdida de las fuentes de agua dulce, provocada por la contaminación de origen industrial, actividades extractivas y malas prácticas agrícolas”.

Pero Picolotti tiene un conflicto más importante a nivel nacional, en un virtual enfrentamiento con el poderoso Ministerio de Planificación. En declaraciones que pasaron casi desapercibidas, la secretaria dijo hoy durante una visita a La Rioja que "la posición (del gobierno) no es un 'no' a la minería, sino sería totalmente irracional y no me parece que sea una posición conducente a nada. Lo importante es un ordenamiento del territorio y el desarrollo sustentable".

Lo cierto es que Mendoza dio un paso adelante y dos atrás en la defensa del medio ambiente, porque si bien puede plantearse la posibilidad de una minería sustentable, ésta no es posible sin un Plan Ambiental provincial aprobado, tal y como lo establecía la ley vetada. A su vez, es parte de una política más amplia saber si la actividad es compatible con el desarrollo sustentable, considerando el impacto que se produce sobre la agricultura a través de un agua de peor calidad y menor cantidad que genera la minería a gran escala. Pero la lucha continúa.

TEMAS: Minas , Política ambiental


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