10.11.06

Avanza la ley de bosques mientras siguen los desmontes

La Ley de Bosques que daría un freno a los desmontes incontrolados dio un paso más en la cámara de Diputados de la Nación cuando fue aprobado su tratamiento este miércoles por la Comisión de Población, por lo que está lista para ser discutida en el recinto. Mientras esto sucede, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase) sigue denunciando amenzas de desalojo provenientes de grandes terratenientes que quieren imponer sus negocios agrícolas.

A pesar de la oposición de su presidente Roberto Lix Klett, la comisión de Población y Recursos Humanos aprobó el proyecto de ley, con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes. "Fue indispensable la colaboración del diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quien permitió que su proyecto original fuese enriquecido con el aporte de Greenpeace y de la diputada Marta Maffei, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales, quien siendo miembro de ambas comisiones trabajó impecablemente para que el dictamen saliera", informó la organización ambientalista.

La ley también contaba con el apoyo del MOCASE, como publicó ComAmbiental, pero un comunicado advierte que "desmontes sin control, amenazas de desalojo, inseguridad jurídica sufrida por los campesinos, entre otras situaciones irregulares, (siguen siendo) parte de la vida diaria de la mayoría de los pobladores santiagueños". A su vez, en su provincia siguen frenados los proyectos legislativos para poner fin a esta situación. Y no solo eso, avanzan las acciones contra los "intrusos" que viven en la tierra desde hace generaciones.


Al mismo tiempo, la Mesa Agroforestal santafecina denunció a la secretaría de Ambiente provincial por no realizar los controles y permitir de este modo que continúen los desmontes. En un artículo de Análisis Digital, el secretario del organismo, Daniel Simón, expresó que "la destrucción de los bosques y las graves consecuencias que genera siguen su curso a mano de propietarios inescrupulosos que parecen no entender asuntos tan elementales como la retención de agua que realizan los bosques, el hábitat de cientos de especies de la flora y de la fauna o la posibilidad de ser fuente genuina de empleo".

Esto último es lo que busca el MOCASE, cuya gacetilla transcribimos a continuación:

Desmontes sin control, amenazas de desalojo, inseguridad jurídica sufrida por los campesinos, entre otras situaciones irregulares, son parte de la vida diaria de la mayoría de los pobladores santiagueños. Aquí les ofrecemos solamente algunos casos de los que tenemos información.

En Algarrobal Viejo, departamento Pellegrini, topadoras y guardias armados acorralan a trescientos campesinos. Esta zona está en el indefinido límite entre Santiago del Estero y Salta.
Un empresario hasta ahora desconocido está desmontando sin control posesiones comunales y cierra caminos vecinales. Hay policías salteños que actúan como seguridad privada, boicotean las reuniones de la Comisión Vecinal y amenazan a pobladores de los parajes santiagueños Algarrobal Viejo y Ahí Veremos.

En El Arenal, departamento Jiménez, el empresario Vicente Lucci, dueño de la empresa citrícola tucumana VILUCO SA, está desmontando los campos de la zona. Lucci se dice dueño de 1.400 hectáreas. Dentro de ese campo hay 800 hectáreas habitadas por diez familias, que utilizan el monte y las zonas de pastoreo.Los campesinos sufren amenazas de desalojo con topadoras y cadenas por parte de la seguridad privada del empresario. A esto se suma el desmonte realizado en forma totalmente descontrolada.

En estos dos casos (El Arenal y Algarrobal Viejo) los pobladores no están asociados al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Sin embargo, estos campesinos pidieron la presencia de los dirigentes del MOCASE ante la difícil situación que están viviendo.

Mientras se desmonta sin el debido control y se pone en riesgo los espacios naturales de vida de las familias campesinas en la Cámara de Diputados se sigue tratando el proyecto de Ley de Bosques. Tal proyecto fue trabajado en el espacio del Consejo Consultivo por diferentes organizaciones sociales que ven como urgente la sanción y reglamentación de la ley.

Por estos días a técnicos de una institución que trabaja junto con los campesinos, el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), se los imputa por privación ilegítima de la libertad y falsificación de documentos públicos en el conocido incidente de San Bernardo, departamento Pellegrini. Este hecho ocurrió a fines de noviembre de 2005, hubo guardias privados del empresario tucumano Regino Viroche que dispararon con armas de fuego. Por otra parte, la denuncia realizada por los campesinos y los mismos técnicos por ese incidente se encuentra demorada y sin resolución judicial.

En el paraje Buen Lugar, departamento Alberdi, un campesino que salió a buscar un animal resultó baleado por Antonio Santillán, encargado y custodio del campo, reconocido en la zona como empleado de la familia Vittar. Este hecho ocurrió el día 30 de octubre de 2006 a las 15.30 horas.

A fines de octubre de este año el Ministerio de Economía envió un proyecto a Diputados para el remate de inmuebles rurales del ex Banco Provincia. Según algunos medios los campos estarían “ocupados por intrusos”, con total desconocimiento de la presencia de poseedores con derechos adquiridos como es el caso de Guampacha, departamento Guasayan. Esta acción del Ministerio de Economía es contradictoria con las conversaciones realizadas dentro de la Mesa Tripartita para Registro de poseedores.

La Mesa Tripartita está integrada por la Mesa Provincial de Tierra, el gobierno nacional y el gobierno provincial, a través de la Jefatura de Gabinete. Todas las acciones realizadas por los campesinos (denuncias judiciales y administrativas, envío de gacetillas de prensa y presentaciones ante autoridades) siguen esperando una respuesta adecuada.

TEMAS: Bosques , Política ambiental

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