23.11.06

Por los bosques nativos, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable

Ayer, un grupo de "locos de la motosierra" se presentó frente al Congreso de la Nación. Greenpeace ironizó con la imagen de Jason, el asesino de varias películas de terror, para exigir que se sancione la Ley de Bosques que declara la emergencia forestal a nivel nacional y establece una moratoria a los desmontes. Miguel Bonasso, diputado promotor de la propuesta, también estuvo presente. Sin embargo, el tratamiento de la ley se pospuso.

"Esto lo atribuyo al lobby sojero", se quejó Bonasso ante la agencia Telam porque, contrario a sus expectativas, "el proyecto no fue incluido en la agenda parlamentaria para la sesión de ayer". Pero arremetió: "Vamos a insistir", según publicó Clarín.

La situación no merece menos: según Greenpeace, "en la Argentina, se desmonta un árbol por segundo", reduciendo los bosques nativos "a una tasa que triplica la media mundial". Un hecho que para la organización se debe a la acción de criminales ambientales.


Por ello, la Ley de Desmontes propone declarar la emergencia forestal en todo el país y detener los desmontes hasta tanto las provincias desarrollen un ordenamiento territorial de sus bosques. De continuar sin esta ley, no sólo están en riesgo la biodiversidad y los servicios ambientales que ésta ofrece sino que genera un caldo de cultivo para conflictos sociales por el uso de la tierra, por el acceso a los recursos naturales, por fuentes legítimas de trabajo, etc.

Por el interés o la necesidad de extender la frontera agropecuaria, "cientos de campesinos e indígenas son desalojados por las topadoras", señaló Hernán Giardini (Greenpeace). Y agregó que "en muchos casos se otorgan permisos para desmontar en zonas tradicionalmente habitadas", sobre todo en el norte de la Argentina.

El caso más reciente es el de los campesinos de El Arenal, departamento Jiménez en la provincia de Santiago del Estero. Según informó la Agencia Infocívica, 13 familias campesinas denunciaron que "fueron rodeadas por topadoras de la empresa citrícola tucumana VILUCO S.A. que intentaron desalojarlas de la posesión de sus tierras, arrasando a su paso con ranchos, postes y animales".

Si bien la Justicia ordenó no innovar hasta que se resuelva el conflicto, el daño ya está hecho. Todo se agravó en marzo pasado. "La empresa comenzó con los trabajos de empostado, con la presencia de agentes de seguridad, y mediante amenazas, desmontaron y cerraron el único camino vecinal que conduce a la escuela de la región", comentó a Infocívica Pablo Muratore, abogado patrocinante de los campesinos.

"Para que esto deje de suceder necesitamos imperiosamente cambiar la legislación vigente y aumentar los controles", alegó Giardini. En tanto, Juan Carlos Villalonga (Director político de Greenpeace) recalcó: "El ordenamiento ambiental que propone la ley (de Bosques) es un instrumento de política ambiental nacional cuyo objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia".

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